PALMA.- La Comisión de Administraciones
Públicas del Congreso de los Diputados
aprobó ayer una enmienda transaccional del
Grupo Socialista a una Proposición No de
Ley del Grupo Parlamentario de IU-IV-ICV,
por la cual se insta al Gobierno a aumentar
durante esta legislatura el plus de
indemnización por residencia para los 9.000
empleados públicos de Baleares, tomando
como referencia el complemento que perciben
actualmente los funcionarios de
Canarias.
La propuesta enmendada por
los socialistas insta también al Gobierno
central a que realice «todas las medidas
necesarias, incluidas las presupuestarias»
para proceder durante la legislatura al
reconocimiento de la indemnización por
residencia «acorde a las circunstancias
propias y singulares de Baleares», tomando
como referencia el complemento que perciben
los empleados públicos de
Canarias.
El Grupo Parlamentario
Socialista introdujo a la propuesta una
enmienda para instar al Gobierno a la
pronta consecución de un acuerdo con las
organizaciones sindicales «para que con lo
previsto en los acuerdos sindicales
firmados en septiembre de 2004, se revise
la indemnización por residencia de los
empleados públicos de la Administración
General del Estado y de la Administración
de Justicia que realicen su función en
Baleares, y se modifiquen sus cuantías con
objeto de adaptarlas a la realidad
actual».
Para el diputado
popular, Enrique Fajarnés, esta
iniciativa parlamentaria trae a debate por
segunda vez a la comisión, tras el
aplazamiento de noviembre de 2004, una
equiparación prometida y que se aplazó en
esta fecha debido a la enmienda
«insuficiente» presentada por el
PSOE.
Esta primera enmienda
«incapacitó la posibilidad de llegar a un
acuerdo con el grupo ponente y de esta
manera corroboraba claramente la no
intención del PSOE de cumplir la palabra
dada de equiparar este plus tal y como se
comprometió el delegado del Gobierno en las
Islas, Ramon Socias, el 12 de diciembre de
2004», argumentó Fajarnés. Unas
declaraciones, continuó el diputado
popular, «hechas mientras sus compañeros de
partido rechazaban esa enmienda en el
Parlamento, una muestra de desfachatez y
engaño a los ciudadanos con hechos»,
afirmó.
Apoyo
'popular'
El Grupo Popular
manifestó su voto favorable a la
Proposición No de Ley, tal y como arguyó
Fajarnés, «porque nuestro compromiso con
los ciudadanos era y es el de romper y
acabar con la discriminación de los
funcionarios del Estado en los distintos
territorios del Estado
Español».
Fajarnés añadió que, tras
diez meses de Gobierno, el PSOE «no ha
hecho nada» a este respecto. «Se ha mareado
la perdiz, se han hecho propuestas desde el
Ministerio sin equiparación y han actuado
de un modo que ellos hubieran criticado de
estar en la oposición», comentó.
La
propuesta hecha en su momento por el
Gobierno se mueve en una horquilla entre
los 13 y los 9 euros. Los funcionarios peor
pagados en la actualidad son los que
percibirían el mayor aumento.
La
indemnización actual de los funcionarios
incluidos en el grupo A es de 75,68 euros.
De acuerdo con la oferta del Gobierno,
lograrían un aumento del 12% que se
traduciría en 9,07 euros más.
Luego,
los funcionarios del Grupo B tienen una
indemnización por insularidad de 54,45
euros. La propuesta ministerial es de un
aumento de un 25%: 13,61 euros más. Por
otro lado, los empleados públicos incluidos
en el Grupo C gozan de un incremento de
insularidad de 43,89 euros. Supone un
incremento de 35%, que supondrían hasta
15,36 euros más.
Los funcionarios
incluidos en el Grupo D tienen un plus de
insularidad de 28,04 euros. Tras las
negociaciones, el incremento logrado es del
40% hasta alcanzar 11,22 euros
adicionales.
El máximo incremento ha
sido alcanzado en los funcionarios peor
pagados. Los englobados en el Grupo E
tienen, actualmente, un plus de insularidad
de 22,74 euros. Los representantes del
Gobierno en la mesa de negociación
accedieron a aumentar un plus hasta un 60%.
Así, aumentarían su plus de insularidad en
13,64 euros.
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