JUAN PABLO BLANCO / P. A.
M.
PALMA.- Alrededor de las 16.02
horas de ayer, Rosa Cuesta, funcionaria
pública desde hace 26 años, recibía la
primera solicitud de regularización de una
madrugadora empleada del servicio doméstico
de origen argentino, que se convirtió en la
primera persona de Mallorca en acogerse al
proceso de normalización puesto en marcha
ayer por el Gobierno.
Las primeras
tres horas de atención al público
transcurrieron con una aparente calma que,
dicho sea, trató de resquebrajar un
empresario de la hostelería que llegaba al
Instituto Social de la Marina con treinta
ofertas de trabajo.
El aludido se
negó a dejarse fotografiar, y con cara de
pocos amigos irrumpía en el recinto. En
contraste con esta escena, los pocos
empresarios que se dejaron ver el primer
día no pusieron reparo a las cámaras y a
contestar las preguntas de los
periodistas.
Enredos
burocráticos
Sin embargo, como
era de esperarse, a la entrada del
Instituto se apreciaba la imagen de
representantes de gestorías y abogadas que
cargaban bajo sus brazos decenas de
expedientes que impacientes esperaban a la
llegada del empresario o
empleador.
En la planta baja los
empleados orientaban a los solicitantes que
tras recibir una ficha esperaban su turno
para subir a la primera planta donde se
recogían los documentos. A cada uno se le
asigna un número para posteriormente ser
valorado en la Oficina de Extranjería.
En esta apertura del proceso de
normalización, la oficina habilitada en el
Instituto de la Marina entregó poco menos
de un centenar de números para la citas. La
gestorías, los graduados sociales y los
abogados junto con los empresarios,
empleadores y representantes legales serán
los encargados de llevar a tramite todo el
cúmulo de expedientes.
La poca
afluencia de gente en los primeros noventa
minutos de regularización marcaron la nota
llamativa de la jornada. Pero la tendencia
podría variar en los próximos días ya que
aún hay centenares de inmigrantes que le
apuestan una carrera al tiempo.
Los
pronósticos fueron en sentido contrario a
las avalanchas previstas en los
últimos días por la Delegación del
Gobierno.
En este sentido, las
asociaciones de inmigrantes de Baleares han
coincidido en que decenas de extranjeros
hasta el momento continúan en su intensa
lucha para conseguir los documentos
exigidos para la anhelada
regularización.
Muchos extranjeros,
según el país de procedencia, se han
tropezado con varios obstáculos en el
momento de recabar la documentación exigida
por el gobierno español. Uno de ellos: la
«pesadilla» en que se ha convertido
conseguir un certificado de
penales.
La asociación de inmigrantes
del Llevant, compuesta en su mayoría por
argentinos, daba cuenta a este periódico
sobre la cantidad de compatriotas que por
falta de un consulado no podían tramitar
sus antecedentes
penales.
Argentinos y
uruguayos
Hasta ayer, llegaban a
Palma funcionarios del consulado de
Barcelona para tramitar este documento. Las
filas ya se hacían notar en la antigua sede
de Extranjería. Los portavoces de este país
en las Islas han calculado que entre 4.000
a 5.000 argentinos intentarán legalizarse.
Sin embargo, gran parte de esta comunidad
carece de los antecedentes penales. De
Palma tendrán que enviarlos a Barcelona, de
allí a Argentina y a los 15 días se les
entregará el documento oficial.
Los
más de 500 uruguayos residentes en Eivissa,
aún están tratando de recabar la mayor
cantidad de antecedentes penales en regla
enviados desde su país para proceder a
traerlos al consulado de Palma.
Por
otra parte, a centenares de marroquíes
sin papeles se les ha caducado el
pasaporte. El gobierno de ese país tarda
entre 3 y cuatro meses en expedirles uno
nuevo. Estos ciudadanos sobrepasan la cifra
de los 15.000 en Baleares. La tercera parte
de ellos se regularizarían pero carecen de
un consulado en las Islas.
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