PALMA.- El conseller de Interior, José
María Rodríguez, y los sindicatos UGT,
STEI, USO, CSI-CSF y CEMSATSE firmaron ayer
un acuerdo en materia de función pública
para el periodo 2005-2007, que permitirá
desarrollar una política en materia de
recursos humanos y una estrategia de
objetivos.
El acuerdo, que no ha
sido rubricado por CCOO, posibilitará tanto
a la administración como a las
organizaciones sociales atender las
diferentes necesidades planteadas en el
ámbito de la función pública y la mejora de
los servicios a la ciudadanía.
Según
un comunicado difundido ayer por el Govern
balear, este acuerdo garantiza una
estabilidad en las actuaciones hasta el
final de la actual legislatura y conlleva
el compromiso de la modernización de la
Administración autonómica.
Entre los
aspectos recogidos en el pacto se incluye
la potenciación del sistema de
oposición-concurso para acceder a la
función pública, con una agilización al
máximo de los trámites y un periodo de
prácticas para los nuevos
empleados.
Interinos
Tam
bién se modificará la normativa reguladora
de la selección de los funcionarios
interinos y se realizará una oferta pública
de empleo una vez al año, tanto para
funcionarios como para personal laboral.
El plan de estabilidad laboral
recogido en el acuerdo, que se desarrollará
hasta finales del 2007, pretende reducir el
actual índice de empleados públicos que
trabajan en condiciones de interinidad o
temporalidad.
Respecto a la
promoción interna, las partes se han
comprometido a facilitar la promoción
horizontal de los empleados públicos,
mientras que en movilidad se firmarán
acuerdos con ayuntamientos y consells para
que los funcionarios puedan integrarse en
las plantillas de otras instituciones.
Durante 2005 se elaborará un estudio
para la homogeneización de las cuantías de
los complementos específicos actuales para
una completa racionalización de la relación
de puestos de trabajo.
Además, se
estudiarán medidas para favorecer la
conciliación de la vida familiar y la
laboral de los empleados públicos, que
comportará la adopción de una serie de
actuaciones especiales, como la
equiparación de las parejas de hecho con
los matrimonios civiles, la implantación de
servicios de guardería en los centros de
trabajo y una mayor flexibilidad horaria
para atender a familiares enfermos, entre
otras cuestiones.
