PALMA.- El Grupo Socialista instará al
Govern, a través de una Proposición No de
Ley en el Parlament, a cubrir el 50% de los
gastos que las familias de Baleares
interesadas en adoptar un niño se ven
obligadas a pagar para cumplimentar los
trámites necesarios de la adopción, una
ayuda que se ofrecería en función del nivel
de ingresos de estas personas, según expuso
ayer la diputada Aina Rado.
En rueda
de prensa, Rado lamentó la «dificultad» que
tienen algunas familias a la hora de acoger
un niño debido a sus escasos recursos
económicos y a los costes que genera este
proceso, sobre todo si se trata de las
adopciones internacionales. En este
sentido, la diputada señaló que, para
acoger a un niño de otro país, como China o
Rusia, la familia debe realizar varios
viajes a ese Estado antes de realizar la
adopción, permanecer allí durante varios
meses y contratar a traductores y abogados,
lo que conlleva gastos «muy elevados»,
según comentó.
La socialista señaló
que, en Baleares, sólo el Ayuntamiento de
Calvià ofrece ayudas económicas a los
ciudadanos que desean adoptar, unas
aportaciones que cubren el 80% del total de
gastos generados durante los trámites de
acogida, al tiempo que recordó que en
Baleares se efectúan anualmente unas 100
adopciones, frente a las 3.950 que se
realizan a nivel estatal. «El Govern
debería emular a las Comunidades Autónomas
que ofrecen estas aportaciones, como
Cataluña y Aragón», dijo.
«La
adopción internacional es muy cara, sobre
todo si la familia debe desplazarse a
países lejanos y adaptarse a las normativas
de ese lugar», comentó Rado, quien denunció
que «muchas familias se quedan sin tener
hijos por el hecho de tener recursos
económicos inferiores a los de otras
personas», denunció. «Hay veces que
determinados problemas físicos impiden a
las mujeres tener hijos y entonces recurren
a la adopción para satisfacer su deseo de
tener un hijo», agregó.
Por otra
parte, el PSOE presentará también una
Proposición No de Ley para exigir al Govern
la creación del Defensor del Menor, ya que,
según dijo Rado, la Oficina de Defensa de
los Derechos del Menor, existente en
Baleares desde 1997, ha llevado a cabo
actuaciones «importantes» desde su puesta
en funcionamiento, «pero no es lo
suficientemente independiente y efectiva
como para cubrir las necesidades de los
menores de las Islas».
Así, consideró
«fundamental» una Ley específica que dé
lugar al impulso del Defensor del Menor,
una figura que, a jucio de la diputada
socialista, tendría «la autoridad moral
suficiente para denunciar un caso concreto
y tomar decisiones independientemente de la
opinión de la Administración
autonómica».
