Caretas fuera y seamos claros. El
Gobierno socialista, alentado y animado por
unos mallorquines que subordinan los
intereses de las islas a su profundo rencor
y resentimiento, aspiraba a inmiscuirse en
una competencia que en exclusiva desempeña
el Govern autonómico, para impedir que se
llevara a la práctica la recuperación
histórica en materia de infraestructuras y
poner a los pies de los caballos al Govern
privado de la financiación acordada por un
legítimo Gobierno de España. No se había
atrevido hasta el presente a manifestarse
de la forma tan brutal en que lo ha hecho
la ministra de Fomento, pero era evidente
que estaba buscando la fórmula y la excusa
para incumplir los compromisos adquiridos
por el Gobierno de Nación.
Bien,
hemos sobrevivido a otras agresiones,
aunque ninguna tan grave como la que ahora
ha perpetrado en contra de Baleares la
ministra de Fomento. Hay que recurrir a los
tribunales y, sobre todo, hay que proseguir
con este extraordinario Plan de Carreteras,
aunque tengamos que apretarnos el cinturón.
Argumentos jurídicos para obtener el amparo
de la Justicia los hay, sólidos y serios, y
bueno será ponerse manos a la obra. Porque
la alternativa es, primero, una humillación
y, segundo, una desnaturalización completa
del Plan emprendido. Debemos, por otro
lado, tomar nota para la memoria histórica
de cuál ha sido el comportamiento del
Gobierno socialista con estas Islas. Y
asumir que seguirá intentando ahogarnos
financieramente a costa de la salud de los
ciudadanos, a costa de la educación de los
alumnos, a costa del transporte con la
Península y a costa de cualquier bien que
pueda mejorar las condiciones de vida de
los baleares.
En el caso del Convenio
de Carreteras, la ministra de Fomento ha
optado por anunciar su ruptura amparándose
en supuestos incumplimientos en la
adjudicación de varias obras por parte del
Govern, en lugar de apostar por el diálogo
para resolver estas diferencias. Magdalena
Alvarez incumple así la palabra dada por el
ministro de Administraciones Públicas Jordi
Sevilla y el propio José Luis Rodríguez
Zapatero, quienes se comprometieron a
cumplir «escrupulosamente» los acuerdos
firmados por el Gobierno de Aznar. Pero
además ha desatendido la oferta lanzada por
el president Matas para mantener los
proyectos que ya se habían ejecutado y
renegociar los restantes, entre ellos el
Segundo Cinturón de Palma y la
Autovía-Inca-Manacor.
Algo que sólo
se puede interpretar como un castigo a la
Comunidad de Baleares por el mero hecho de
estar gobernada por el PP, si se tiene en
cuenta que el Ejecutivo de Zapatero ha
aprobado inversiones multimillonarias
destinadas a satisfacer las
reivindicaciones de Andalucía, Extremadura
y de los nacionalistas catalanes de ERC.
Capítulo aparte merece el comportamiento de
los socialistas baleares y, muy
especialmente, de un Francesc Antich cuyas
carcajadas, mientras la ministra Magdalena
Alvarez anunciaba un castigo de 240
millones de euros a las Islas, resultan
impresentables. Antich no ha aceptado el
veredicto de las urnas y pretende seguir
gobernando vicarialmente a través del
Gobierno socialista y, a ser posible,
humillando al legítimo Govern surgido de
las elecciones.
