M. A. RUIZ
PALMA.- Un informe
jurídico encargado por los vecinos del
Secar de la Real dictamina que el
Ayuntamiento de Palma no prevaricó al
elegir la finca Son Espases, situada en las
proximidades del monasterio, como ubicación
del hospital Son Dureta II.
La
plataforma Salvem La Real había encargado
el informe al catedrático Gonzalo Quintero
Olivares con el fin de estudiar posibles
actuaciones judiciales contra Ayuntamiento
para frenar el proyecto de la Conselleria
de Salud. Sin embargo, el profesor de
Derecho Penal no ha encontrado base legal
para llevar a los tribunales a los cargos
políticos de Cort.
Quintero Olivares
considera que, de las cuatro opciones que
se barajaron en un principio, la de Son
Espases puede resultar la más desfavorable
pues puede suponer «un daño irreparable al
conjunto monumental» del monasterio de La
Real, implica la eliminación de una zona de
explotación agraria y puede ocasionar,
según su tesis, «el hundimiento de la
calidad de vida» de los residentes de la
zona.
Sin embargo, advierte, se trata
de consideraciones subjetivas que
difícilmente pueden encuadrar la decisión
municipal en un supuesto de prevaricación,
es decir, una «resolución administrativa
arbitraria e injusta» adoptada a sabiendas
de que lo es. «En situaciones como la que
examinamos, de injusticia subjetiva clara y
no 'tan clara' en lo objetivo», señala en
su dictamen, «los tribunales penales
españoles no siempre admiten la acción por
prevaricación».
Atentado al
patrimonio
El simple argumento de
que este proyecto puede causar un entorno
irreparable en el entorno paisajístico del
Secar de la Real no es suficiente para
sostener, señala el jurista, una acusación
de prevaricación. Además, según recuerda,
no se puede acudir al Derecho Penal para
evitar la comisión de un delito (en este
caso, el supuesto daño al entorno de La
Real), sino sólo para castigarlo cuando ya
se ha cometido. Por otro lado, si bien el
artículo 321 persigue los atentados contra
el patrimonio y prohibe «derribar o alterar
edificios singulares protegidos», este
precepto sólo sería aplicable al Monasterio
en sí, protegido como Bien de Interés
Cultural (BIC), pero no a la finca de Son
Espases no tiene este grado de
protección.
Descartada la vía penal,
el catedrático aconseja, en todo caso,
acudir a la vía administrativa para
intentar evitar que el Ayuntamiento conceda
la licencia de obras para construir el
hospital, pero avisa que este procedimiento
no parece «ni fácil ni rápido».
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