MIQUEL A. FONT
PALMA.-El
Ayuntamiento de Calvià da por sentado que
el fiscal general del Estado nombrado por
el PSOE, Cándido Conde-Pumpido, ordenó
archivar las otras seis causas pendientes
contra Margarita Nájera. De hecho, ayer
mismo se conoció que a petición del fiscal,
el magistrado de instrucción 7 de Palma,
Antoni Garcías, había decretado el archivo
de las diligencias abiertas a raíz de una
denuncia realizada por la propia fiscalía
contra Nájera. Se le acusaba en esta
ocasión de un presunto delito de
malversación de fondos públicos. Nájera,
como desveló EL MUNDO/ El Día de Baleares,
gastó 120.000 euros con la visa municipal
en regalos, viajes y comidas en
restaurantes de lujo.
Fue poco antes
de las elecciones de junio de 2003 cuando
el entonces fiscal general del Estado,
Jesús Cardenal, acordó trasladar a la
Fiscalía Anticorrupción los siete procesos
penales en aquel momento pendientes contra
Nájera.
La primera de las querellas
fue presentada por Carlos Delgado, actual
alcalde, en nombre del PP de Calvià y se
refiere a la supuesta malversación de
caudales públicos con los contratos a la
sociedad asesora Estrategia Local.
En octubre de 2002 el PP presentó
otra denuncia contra Nájera. En este caso
por la concesión de una licencia de obras
en febrero de 2002 para ampliar las
instalaciones del complejo turístico y
recreativo Calvià Parc, dentro del recinto
Western Park, propiedad del Grupo Cursach.
Otra querella contra Nájera por
prevaricación, amenazas y coacciones fue
presentada en febrero de 2002 por la
promotora inmobiliaria Grupo HPT Instal,
vinculada al empresario Juan Barrachina. La
demanda se refería a la legalización de una
promoción urbanística en Nova Santa Ponça.
El PP vuelve a presentar otra
denuncia por prevaricación contra la
alcaldesa por la compra por parte del ex
marido de Nájera, de un solar a una empresa
participada por el recaudador municipal a
un precio muy inferior al valor de mercado.
Acto seguido, el recaudador vio renovado y
mejorado su contrato con el
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento
modificó el plan urbanístico para permitir
una superficie comercial. Esta modificación
benefició directamente al recaudador Jaime
Riera y a su socio Domingo Cruz y al ex
concejal Juan Franco, que a su vez fue
socio del marido de la
alcaldesa.
Sin
diligencias
Poco antes de las
elecciones de mayo de 2003, el Ayuntamiento
que presidía Nájera organizó los fastos
para inaugurar el Paseo deCalvià. La
fiesta, cuya celebración prohibió la Junta
Electoral, tenía un presupuesto de 540.000
euros. El PP denunció que la fiesta era un
acto electoral. Esta es la única de las
siete causas judiciales que no ha
prosperado. Fue archivada a finales de año.
El 'caso Jubisa y Cotusa', es otra de las
demandas y aquí también se acusa a Nájera
de los delitos de prevaricación, amenazas,
coacciones y estafa.
La denuncia por
malversación de fondos públicos ahora
archivada la interpuso el delegado de la
Fiscalía Anticorrupcion en Baleares Juan
Carrau tras recibir el dictamen elaborado
por el catedrático de Derecho Penal José
Luis Rodríguez Ramos. Este dictamen se lo
había encargado el Ayuntamiento de Calvià.
De esta forma fue la Fiscalía y no el
Ayuntamiento de Calvià quien interpuso la
denuncia que motivó la apertura de
diligencias por parte del juez Antoni
Garcías. El archivo, sin embargo, llega
tras haberse practicado una única
diligencia como fue la toma de declaración
a Nájera. Estaban pendientes de ejecucion
varias diligencias solicitadas por el
Ayuntamiento.
Las
marcas
Con el archivo de la causa
ya no podrá saberse el destino de los
120.000 euros gastados con la visa
municipal. Estos gastos se refieren
básicamente a la adquisición de pañuelos de
Loewe y prendas con la firma de Cerruti,
Ralph Lauren, Façonnable y Ermenegildo
Zegna. Nájera también compró con la visa
regalos para su peluquero, su depiladora,
diversos militantes del PSOE e incluso a la
secretaria de Alfonso Guerra. También
utilizó la visa para dar una vuelta en
helicóptero sobre Manhattan y pagar dos
almuerzos en las Torres Gemelas.
Sobre las otras causas pendientes el
archivo parece inminente, según confirman
fuentes judiciales. El cambio de actitud
del delegado en Baleares de la Fiscalía
Anticorrupción se ha producido tras la
sustitución del Fiscal General del Estado.
Después de la victoria del PSOE en las
elecciones del pasado mes de marzo, Jesús
Cardenal fue sustituido por Cándido
Conde-Pumpido.
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