gisela
revelles
EIVISSA.- A excepción
de la ex presidenta del Consell Insular,
Pilar Costa, el resto de su equipo de
Gobierno, integrado por los entonces
conselleres Santiago Ferrer, Vicent Tur,
Sofía Hernanz, Josep Marí Ribas y Fani Tur
no devolvió a la máxima institución pitiusa
los teléfonos móviles que utilizaron
durante su mandato. Celulares que forman
parte del patrimonio del Consell Insular y
que, según los datos de la auditoría
elaborada por encargo del actual Gobierno,
del PP, nunca fueron retornados a
éste.
No fueron sólo los conselleres
del Pacte Progressista los que, tras tener
que abandonar la planta noble de la sede
del Consell Insular, olvidaron devolver el
aparato de marras. Otros cargos de
confianza se quedaron con los teléfonos
móviles que la institución había puesto a
su disposición mientras duró su contrato de
trabajo y que, según fuentes del Consell
Insular, «tendrían que haber sido devueltos
en cuanto acabaron estos contratos».
En este caso, y según figura en la
auditoría elaborada por la consultora
XPALMER&PARTNERS SL y a la que ha
tenido acceso este periódico, no
devolvieron a las arcas insulares sus
aparatos de telefonía móvil Julián Aguilar
(jefe del gabinete de Presidencia), Andreu
Coll (jefe del gabinete de Relaciones
Institucionales), Carmen Bermúdez (jefa de
gabinete de Prensa), Marc Costa
(coordinador de la Conselleria de Vicent
Tur), Santiago Juan (coordinador de la
Conselleria de Santiago Ferrer), Milagros
González (coordinadora de la Conselleria de
Sofía Hernanz), Maite Sanahuja (tía de
Julián Aguilar y coordinadora de la
Conselleria de Fani Tur), Josefa Marí
(coordinadora de la Conselleria de Josep
Marí Ribas) y Magdalena Merino
(coordinadora del área de Guarderías del
Consell Insular).
Por otro lado, la
auditoría, que fue una de las primeras
decisiones adoptadas por el equipo de
Gobierno de Pere Palau tras jurar el cargo
en el verano de 2003, refleja también
irregularidades importantes en lo que al
manejo del dinero público se refiere por
parte del Pacte Progressista durante la
anterior legislatura. Irregularidades que
han sido constatadas por los autores del
análisis económico de la máxima institución
pitiusa sobre todo durante los años 2001,
2002 y 2003.
En este caso, y siempre
según los datos de la consultora y que
obran en poder de este periódico, el
Gobierno de Pilar Costa autorizó la
realización de diversos pagos sin que estos
contaran con la dotación presupuestaria
correspondiente. Algo que se considera «un
incumplimiento de la legislación y de las
bases de ejecución del Presupuesto», además
de «actos nulos de pleno derecho».
En 2001, el Pacte Progressista
autorizó el pago de facturas sin dotación
presupuestaria por valor de 24.434,34
euros. Un año más tarde, las facturas sin
partida presupuestaria ascendieron a
108.617,49 euros. En 2003, la coalición
autorizó pagos similares por valor de
475.857 euros (desglosados en dos bloques
de 392.139 euros y 83.718 euros,
respectivamente).
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