GISELA
REVELLES
EIVISSA.- El Govern
balear ha exigido a la empresa Televisión
Local Eivissa SL, nombre empresarial de la
cadena Localia en las Pitiüses, que
justifique la subvención de 30.000 euros
que le fue concedida por el Ejecutivo
isleño en mayo del año pasado, poco antes
de celebrarse los comicios municipales y
autonómicos, según ha podido saber EL
MUNDO/Ibiza y Formentera.
La empresa,
propiedad de José Ignacio Lahuerta, quien
también tiene en sus manos la Ser en las
Pitiüses, cerró sus puertas muy poco
después de las elecciones que llevaron al
Pacte de Progrés autonómico y al Pacte
Progressista pitiuso a los bancos de la
oposición tanto en el Parlament como en el
Consell Insular.
El empresario,
según indicaron a este periódico fuentes de
la Conselleria autonómica de Presidencia,
cobró el 75% de la subvención, es decir,
22.500 euros.
La normativa que
regula estas ayudas obliga a justificar las
mismas al finalizar el año en que se
reciben, para poder cobrar el 25%
restante.
«En la concesión»,
indicaron las mismas fuentes, «se
especifica que ha de justificar
documentalmente los certificados de emisión
de los programas para los que se solicitó
la subvención».
De este modo, José
Ignacio Lahuerta tendría que haber remitido
al Govern balear, antes del 31 de diciembre
del pasado año, una memoria explicativa.
El documento no fue enviado en su
momento y por ello el Govern autonómico
reclama ahora al empresario su remisión
«urgente».
«Si no lo hace, y
aplicando la ley», indicaron las fuentes
consultadas por EL MUNDO/Ibiza y
Formentera, «supone un incumplimiento de la
normativa que, en un momento dado, puede
significar la revocación de la concesión de
la subvención y, por lo tanto, Televisión
Local Eivissa SL debería devolver el dinero
recibido».
Localia, cadena de
televisiones locales perteneciente al Grupo
Prisa, abrió sus puertas en Eivissa hace
tres años, en 2001. Lo hizo en unas
oficinas del edificio de aparcamientos de
la avenida Santa Eulària, propiedad del
Ayuntamiento de Eivissa, gobernado entonces
y ahora por el Pacte Progressista.
El grupo del PP en el Consistorio
denunció públicamente el contrato de
alquiler. Una denuncia que, sin embargo,
quedó en agua de borrajas cuando el primer
edil, el socialista Xico Tarrés, retó a los
populares trasladar a los juzgados
cualquier presunta irregularidad en este
contrato entre Vila y José Ignacio
Lahuerta.
A pesar de que la
televisión acababa de comenzar sus
emisiones, las campañas publicitarias
institucionales llegaron rápidamente a la
emisora. Campañas de las que también se
benefició la Ser.
Hay que recordar
que José Ignacio Lahuerta fue también el
adjudicatario de la más que polémica
edición del Estiu Jove de 2002, cuando
concurrieron al concurso de adjudicación
sólo dos empresas.
El escándalo
llevó a la oposición en el Consell Insular,
integrada entonces por el PP y Els Verds, a
obligar al Pacte Progressista, que
gobernaba en minoría, a convocar una
comisión que analizara qué había sucedido.
A pesar de que la coalición se garantizó la
mayoría en su seno, lo que evitó que
Lahuerta y la entonces presidenta, Pilar
Costa, dieran explicaciones, en una sesión
plenaria PP y ecologistas consiguieron
sacar adelante conclusiones críticas y
demoledoras contra la adjudicación.
