PALMA EFE.- El diputado socialista Antonio Diéguez acusó hoy en el Parlament al conseller balear de Interior, José María Rodríguez, de haber ordenado que el dinero recaudado para Camariñas tras el vertido del "Prestige" fuera retirado de una cuenta corriente y guardado en una caja fuerte de su departamento.
Rodríguez rechazó esta acusación y señaló que no conocía la existencia de dicha cuenta, abierta por el Ejecutivo del "Pacto de Progreso" con el fin de depositar los fondos recaudados de la venta de obra gráfica para la regeneración de las playas del municipio coruñés, tras el vertido contaminante del buque "Prestige", porque no había sido informado de ella durante el traspaso de poderes.
Sin embargo, Diéguez señaló que el dinero, que ascendería a 15.839 euros según diversas informaciones que citó, no llegó en un principio a Camariñas y que sólo tras recibir la amenaza de una denuncia, la Conselleria de Interior procedió al pago.
Por ello el diputado socialista preguntó a Rodríguez a qué se dedicó este importe durante los cinco meses que pasaron desde el cambio de Ejecutivo hasta la entrega de la citada suma al municipio gallego.
El responsable autonómico de Interior reiteró que el anterior equipo de la Conselleria no le informó sobre este asunto y añadió que la caja fuerte que hay en las dependencias de su departamento autonómico era utilizada por su predecesor Josep Maria Costa para guardar expedientes de funcionarios, sobre cuya naturaleza invitó a Diéguez a inquirir.
Rodríguez añadió que para aclarar "todo lo de Camariñas" había pedido comparecer en una comisión parlamentaria y mostró su certeza de lo que el contenido de su intervención no gustará a los diputados socialistas.
Diéguez también se dirigió al titular de Interior para preguntarle si la cantidad de 200 millones de euros de una presunta multa a España por incumplimiento de una normativa de la Unión Europea, la obtuvo del Ministerio del Interior, las instituciones comunitarias o si, por el contrario, "fue simplemente una invención" de la Conselleria.
Rodríguez respondió que esta cuantía fue el resultado de calcular la cantidad a la que podría ascender la sanción derivada de la aplicación de la normativa comunitaria para castigar la falta de un plan de emergencias de riesgos químicos en la Comunidad balear.
El diputado socialista rechazó la existencia del proceso sancionador y añadió que, de existir, sería para castigar la falta de respuesta del anterior Gobierno central, del PP, a los requerimientos de la Unión Europea.
