M.A. RUIZ
PALMA.- La noche que
Eivissa dio la mayoría absoluta a Jaume
Matas, el Pacte de Progrés se vino abajo
como un castillo de naipes y Francesc
Antich hizo amago de dimitir, por primera
vez, como secretario general del
PSIB.
Hoy se cumple un año de las
elecciones autonómicas y municipales del
25M, en las que Baleares decidió pasar
página. La estrategia diseñada por Aznar
había funcionado al milímetro: Matas
desembarcaba en Baleares tras concluir su
singladura como ministro de Medio Ambiente
para reconquistar el Govern, poniendo fin a
la era del Pacte.
Se iniciaba así
una nueva etapa en la Comunidad autónoma,
en la que el Ejecutivo de Matas ha
intentado reactivar el pulso de la
actividad económica, ha apostado por el
bilingüismo, ha emprendido una carrera
contra reloj para captar inversiones
millonarias del Estado y ha recuperado
proyectos que nunca llegaron a despegar con
el Pacte, como el de la televisión
autonómica.
Durante la noche del 25M,
el principal interrogante no fue qué
partido ganaría las elecciones, sino si el
PP conseguiría la mayoría absoluta para
gobernar en solitario o si, a falta del
escaño decisivo, la Unió Mallorquina (UM)
de Maria Antònia Munar volvería a tener la
llave del Ejecutivo balear.
El
PSOE no despega
Al final, las
Pitiüses inclinaron la balanza. El PP
mantuvo su representación en Mallorca y
Menorca (la única isla en la que
conseguirían formar gobierno los
socialistas, gracias a un pacto con el
PSM), pero los dos diputados adicionales
obtenidos en Eivissa y Formentera
permitieron a los populares rebasar
el listón de la mayoría absoluta, situado
en 30 escaños.
Ya convertido en
virtual presidente, Jaume Matas se mostraba
«abrumado por la histórica confianza» que
los ciudadanos de Baleares habían
depositado en su partido y se comprometía a
gobernar «no en contra de nadie, sino a
favor de todos». El PSOE lograba un tímido
crecimiento de 13 a 15 diputados. Pero la
torpe gestión del Pacte, el escoramiento de
Francesc Antich hacia posturas
nacionalistas y las concesiones a los
partidos minoritarios habían conducido al
PSOE a un callejón sin salida.
En
lugar de plantar batalla al PP entre el
electorado de centro, los socialistas
tenían que conformarse con arrebatar un
escaño al PSM en Mallorca y otro a Esquerra
Unida (EU) en Menorca. Se fraguaba una
crisis que, a fuerza de negarse a
abordarla, ha estallado ahora cuestionando
el titubeante liderazgo de
Antich.
UM no se lo
piensa
Esquerra Unida-Els Verds
se quedó sin representación en las Islas
menores, mientras que el PSM cosechó su
peor resultado desde 1995. En las
elecciones municipales, el resultado no fue
menos contundente: el PP logró doblar al
PSOE, tanto en votos como en número de
concejales electoral. En el conjunto de las
Islas, el PP obtuvo 179.458 votos y 366
ediles, frente a los 95.754 sufragios y 170
concejales socialistas. Joan Fageda
entregaba el testigo a Catalina Cirer,
convertida en la primera alcaldesa en la
historia de Palma.
Aunque el apoyo de
Unió Mallorquina ya no era imprescindible
para formar Govern, Matas prefirió tener a
este partido por aliado. El PP entregó a
Munar el gobierno del Consell de Mallorca,
a cambio de destronar a la incombustible
Margarita Nájera de la alcaldía de Calvià.
El acuerdo entre ambos partidos, sellado el
17 de junio y especialmente mimado por
Matas para evitar la imagen de permanente
desencuentro que ofreció el Pacte, ha dado
otros importantes frutos como el nuevo plan
de carreteras, que ha permitido recuperar
las inversiones que permanecieron
congeladas durante la pasada legislatura.
El proyecto más polémico ha sido, sin duda,
la autovía Inca-Manacor.
En su
primera entrevista tras la victoria
electoral, el president Matas anunció a EL
MUNDO/El Día de Baleares el 27 de mayo su
intención de iniciar cuanto antes la
tramitación parlamentaria para derogar la
ecotasa. El Parlament sepultó
definitivamente el impuesto turístico cinco
meses después, el 21 de octubre. El
conseller Joan Flaquer recuperaba el
diálogo con el sector y con los mercados
europeos, convirtiendo al actor Michael
Douglas en la nueva imagen exterior de
Baleares y poniendo las bases para
desarrollar una gran operación de
esponjamiento en el Arenal de
Llucmajor.
El 1 de julio, mismo día
que el nuevo gabinete de Matas juraba el
cargo, el conseller del Interior José María
Rodríguez anunció su compromiso de que
ningún funcionario sea discriminado por no
saber catalán. Toda una declaración de
intenciones a favor del bilingüismo que ha
tenido su máxima expresión en el paquete de
medidas anunciado por el conseller de
Educación, Jaume Font, para que los padres
puedan elegir la lengua en la que sus hijos
se van a iniciar en la enseñanza.
Los
sectores más nacionalistas declaraban la
guerra al PP y los profesores de la Junta
Evaluadora de Catalán (JAC) ponían en jaque
a la Conselleria negándose a corregir los
exámenes realizados por cientos de personas
para obtener el certificado oficial. La
política urbanística se ha convertido en el
tercer gran frente de batalla del
Govern.
El Parlament aprobó el 18 de
noviembre, con los votos del PP y Unió
Mallorquina, una modificación de las
Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
que levanta la moratoria de campos de golf
en Eivissa, permite construir viviendas
unifamiliares en las áreas naturales de
esta Isla, así como urbanizar las franjas
costeras colindantes con otras zonas
edificadas.
Sin campo de
polo
El PP tuvo que renunciar a
autorizar el campo de polo de Es Trenc,
tras conocer que el Pacte de Progrés había
indemnizado a la empresa promotora con 1
millón de euros sin exigir a cambio que
renunciara al proyecto. A través del Plan
Territorial de Mallorca, Govern y Consell
decidieron dar luz verde a tres proyectos
alternativos para Campos: la clínica termal
de Sa Font Santa, el campo de golf de Son
Baco y el desarrollo de 400 plazas
hoteleras en Sa Ràpita.
En una
incansable negociación con el Gobierno de
Aznar, Matas lograría arrancar compromisos
multimillonarios del Estado: desde el
tendido del cable eléctrico con la
Península -el Pacte sólo quería el
gasoducto- hasta el convenio para invertir
94 millones de euros en las costas o el
plan de residencias sociales, que supondrá
otros 50 millones.
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