I. R.
Unanimidad en la oposición a
la hora de tachar de autoritarismo y falta
de transparencia a la alcaldesa de Palma,
Catalina Cirer.
La primera edil
municipal en una entrevista concedida el
pasado domingo a este diario defendió que
«los informes de la casa no se tienen que
hacer públicos nunca», respondiendo así a
la pregunta de por qué no se había revelado
el contenido de los informes de los casos
MegaPark y horas extra, sobre el que pesan
numerosas interrogantes sobre la actuación
de destacados integrantes del anterior y el
actual equipo de gobierno.
Cirer fue
incluso más allá y a continuación señaló
que siempre luchará «por la
confidencialidad de los asuntos que tienen
que ser confidenciales».
Para el
portavoz del principal partido de la
oposición, Antoni Roig (PSOE), «el
Ayuntamiento de Palma no es el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) y la
opacidad y falta de transparencia no pude
ser la norma común de gobierno en un
ayuntamiento democrático», afirmó el
portavoz socialista.
Para Roig estas
declaraciones son todo «un síntoma más de
la involución democrática que estamos
denunciando los partidos de la oposición» y
que hicieron pública en una propuesta
presentada en el pleno municipal del pasado
mes de marzo.
Según Roig que lleva
casi 20 años en la actividad política
municipal, y nueve como líder de la
oposición, «nunca como ahora había tenido
tantos problemas para desarrollar el
trabajo en la oposición y llevar a cabo la
tarea que tenemos asignada por parte de los
ciudadanos, la de fiscalizar la actividad
del equipo de gobierno», denunció el
portavoz socialista.
En resumen,
dijo Roig, «en sólo diez meses la alcaldesa
ha defraudado a propios y a extraños»,
remató.
En la misma línea se expresó
ayer el líder de la coalición EU-EV,
Eberhard Grosske, que señaló en una nota de
prensa que «bajo su engañosa cordialidad
personal, la señora Cirer cultiva una
actitud autoritaria ante cualquier
conflicto», apuntó el portavoz
rojiverde.
Para Grosske las
informaciones secretas de la administración
pública «están todas reguladas por la Ley,
y sólo pueden hacer referencia a cuestiones
que afecten a la seguridad nacional y no a
muchas otras cuestiones», que nada tienen
que ver con esto.
«Y menos con la
gestión urbanística que debe ser
supertransparente con el fin de que
los ciudadanos tengan claro que no han
habido puntos oscuros en la gestión»,
destacó el concejal de la formación de
izquierdas.
