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  Martes, 27 de abril de 2004 Actualizado a las 01:23
 

PALMA / UNA ORDENANZA CONVERTIDA EN PAPEL MOJADO
Cort sólo ha impuesto 812 multas por ensuciar la ciudad en cuatro años y ha cobrado la mitad

Todas las sanciones impuestas eran graves o muy graves y ninguna leve - El 33% de los 1.289 expedientes abiertos por la Patrulla Verde de la Policía Local fue archivado - El importe máximo de las multas que se interpusieron fue de 90 euros


INDALECIO RIBELLES

PALMA.- Datos concretos de la laxitud y falta de interés con que Cort se ha tomado hasta la fecha de hoy los flagrantes y continuos incumplimientos de la ordenanza de limpieza hasta ahora vigente que data del año 1994.

Según los datos ofrecidos por la dirección de Emaya, en los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Palma, sólo ha materializado el cobro de 438 sanciones por ensuciar las calles: no recoger los excrementos caninos de las aceras; arrojar la basura al contenedor fuera de hora; hacer pintadas en paredes o fachadas o arrojar enseres domésticos a los contenedores, etc...

Unas infracciones que, en su totalidad, fueron calificadas por los agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local y por los controladores medioambientales de la empresa municipal en sus expedientes como faltas graves o muy graves.

Fueron sancionadas con unas cantidades que pueden parecer ya ridículas - de entre 60 y 90 euros - si tenemos en cuenta que para el mes próximo se multiplicarán hasta por veinte en su cuantía toda vez que el próximo jueves el pleno municipal apruebe el contenido del nuevo reglamento de limpieza por el que las multas pasarán de un mínimo de 300 - las leves- a 900 y hasta 1.803 euros en las faltas muy graves.

Pero lo que pone de manifiesto la estadística sancionadora de Emaya en estos últimos cuatro años es que la dirección de la empresa apenas se ha preocupado por hacer cumplir la actual ordenanza de la que sólo se han materializado anualmente un centenar de sanciones. Por contra en todo este tiempo se ha disparado la problemática de la limpieza en la capital balear que fue catalogada el pasado verano por la Organización de Consumidores y Usuarios como la quinta ciudad más sucia de España.

Archivadas

Pero la falta de diligencia del Consistorio en este aspecto no sólo ha correspondido a la Patrulla Verde sino a la Concejalía de Sanidad que sólo ha podido recaudar una de cada dos sanciones que ha impuesto la Policía Local por este menester.

Según los datos que maneja Emaya, y que se hicieron públicos a raiz de una contestación al grupo municipal socialista la semana pasada, en estos cuatro años la Patrulla Verde, procedió a imponer un total de 812 multas por incumplir la ordenanza de limpieza, de las que como ya se ha apuntado sólo se han cobrado 438, poco más del 50%.

Por el camino quedaron otros 477 expedientes abiertos por la Policía Local que acabaron perdidos por el camino, en el cajón, o en alguna papelera, pero que no acabaron en la correspondiente sanción económica.

Un hecho que ha sido muy criticado desde la oposición municipal que aunque han apoyado la revisión de la ordenanza que se aprobará este jueves y podría entrar en vigor para el mes de junio, siempre han criticado a la dirección de Emaya la escasa voluntad en hacer cumplir lo dictado.

Para Rosa Marqués, concejal del grupo municipal socialista, «que en una ciudad con un problema de suciedad tan importante como el que sufre Palma apenas se hayan cobrado una media de 104 multas al año por este concepto da una idea de la escasa voluntad del equipo de gobierno para hacer frente a este problema».

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Medio Ambiente, Antoni Nadal, y presidente de Emaya apuntó el pasado jueves a este diario que espera que con la entrada en vigor de la nueva ordenanza, se producirá un incremento del número de sanciones que posteriormente irá remitiendo. «La actividad sancionadora irá a medio plazo descendiendo y tendrá un interés secundario», precisó Nadal, apostando por una mejora de la conciencia cívica de los ciudadanos.

Para ello desde la dirección de Emaya ya se ha apuntado la necesidad de aumentar el número de controladores medioambientales que podrían pasar de 21 a 35 a lo largo de esta legislatura, dedicados a realizar básicamente una labor preventiva y de información.

 
   
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