Tal como ha informado EL MUNDO/El Día de
Baleares, el secretario municipal,
Francisco González Benito, denunció al
alcalde por mobbing (acoso laboral)
al entender que le estaba sometiendo a una
persecución por no comulgar con las ideas
políticas del equipo de gobierno
nacionalista. Aunque solicitó el traslado
al área de Urbanismo del Consell de
Mallorca, por el momento sigue trabajando
en el Ayuntamiento. El Consistorio ya se ha
gastado 19.000 euros (más de tres millones
de pesetas) en los procesos judiciales que
ha perdido frente al funcionario.
En
otro informe firmado en noviembre del
pasado año, el secretario interventor
advertía que «las retribuciones a los
empleados públicos deben hacerse por nómina
y no mediante un talón, como ha sido
reiterado por Intervención en múltiples
ocasiones. De lo contrario, se están
eludiendo las obligaciones tributarias del
Ayuntamiento en cuanto a IRFP y Seguridad
Social, lo cual constituye una infracción
tributaria grave al no practicarse las
retenciones obligatorias». Eran sus
comentarios al decreto mediante el cual el
alcalde autorizaba distintos pagos por un
importe total de 1.310 euros (217.780
pesetas) a tres funcionarios en concepto de
«gratificaciones». La irregularidad es aún
más flagrante cuando se trata de personal
ajeno al propio Consistorio, pese a lo cual
constituye una norma habitual en Petra.
Joan Font aprobaba el 4 de abril de 2003 el
abono de 600 euros a un particular «por
ayudar en la organización de las
actividades del Aula de Joventut des
Quarter». «No consta en Intervención la
existencia de convenio o contrato alguno
que obligue al Ayuntamiento a satisfacer
este pago», puntualizaba el secretario.
