M.A. RUIZ
PETRA. Funcionarios y
personal laboral del Ayuntamiento de Petra
han cobrado hasta 6.600 euros (1,1 millones
de pesetas) anuales en concepto de horas
extras y retribuciones especiales, a pesar
de que el secretario municipal advierte en
sus informes que esta práctica puede
constituir un fraude a Hacienda y a la
Seguridad Social, así como un presunto
delito de prevaricación. Los pagos se
efectúan mediante talones al portador, en
los que ni siquiera queda registrado el
nombre del beneficiario, tal como acreditan
los documentos publicados en esta
página.
El primero de ellos (arriba)
corresponde a un cheque por importe de
736,24 euros (123.000 pesetas) abonado el
pasado mes de agosto a un miembro de la
plantilla de la Policía Local en concepto
de «gratificaciones extraordinarias»
correspondientes al primer trimestre de
2003. Cuando el alcalde Joan Font Massot
autorizó su pago, mediante un decreto de
alcaldía fechado el 13 de agosto, el
secretario de la Corporación ya había
advertido reiteradamente que se trata de un
procedimiento irregular, pues estas
gratificaciones no quedan reflejadas en la
nómina ni se efectúan las preceptivas
cotizaciones a la Seguridad
Social.
El segundo talón (abajo)
reproducido en esta página corresponde a un
talón al portador de 172,59 euros, abonado
por el Ayuntamiento a un empleado laboral
en concepto de «complemento de nómina
correspondiente a marzo de 2003», así como
«horas extraordinarias» trabajadas en el
mismo mes. Este mismo empleado cobró un
total de 19.500 euros en tres años por el
mismo procedimiento. Tan sólo a lo largo
del año 2000, percibió un total de 4.872
euros (808.770 pesetas) mediante talones al
portador, cuyo pagó autorizó el primer edil
nacionalista en nueve decretos de alcaldía.
El cheque de mayor cuantía ascendía a un
total de 158.250 pesetas, equivalente a la
mitad de su nómina.
Otros seis
cheques
En 2001, este trabajador
del Ayuntamiento cobró otros seis cheques
por un importe total de 5.454 euros
(905.458 pesetas). Por último, en 2003
ingresó fuera de nómina un millón y medio
de pesetas (9.115 euros), a través de otros
ocho talones. Su hermano, también
contratado por el Ayuntamiento como
personal laboral, es otro de los
trabajadores municipales que más se han
beneficiado de esta práctica.
Los
decretos de alcaldía firmados por Joan Font
le han permitido cobrar 2,2 millones de
pesetas entre 2000 y 2002. En el último
ejercicio contabilizado, 3.366 euros
(603.500 pesetas). Según la documentación a
la que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de
Baleares, otros trabajadores laborales han
percibido durante el mismo trienio 524.396
pesetas, 290.332 y 186.500 pesetas,
respectivamente.
A instancias del PP,
el secretario municipal ha puesto a
disposición de la Fiscalía estos talones
para que el Ministerio Público determine si
el alcalde ha podido incurrir en un
presunto delito o un fraude a la Seguridad
Social al autorizar estos pagos. El grupo
popular que dirige el concejal Joan Font
Rosselló presentó un escrito ante el
Consistorio recordando que, según el
artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, todo funcionario público que
tenga conocimiento de un delito está
obligado a informar de ello a la autoridad
judicial.
El grupo de la oposición
cree que el alcalde podría estar
incurriendo en un delito de prevaricación
al dictar resoluciones injustas a
sabiendas, ya que desde hace varios años es
advertido por el secretario municipal de
que estos pagos son irregulares. En un
informe dictado en diciembre de 2002, el
funcionario indicaba que los abonos fuera
de nómina autorizados mediante decreto de
alcaldía, podían suponer «un posible delito
contra la Hacienda pública en función de la
cuantía».
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