M.A. RUIZ
PALMA.- El Parlament no
se dedicará, de momento, a lavar los trapos
sucios de los Ayuntamientos de Palma,
Calvià y Maó. La Cámara rechazó ayer crear
una comisión de investigación sobre la
compra de la finca Son Espases por parte
del Ayuntamiento de Palma, ya que el PSOE
se negó a ampliar esta iniciativa a un
largo rosario de escándalos protagonizados
por destacados dirigentes socialistas: la
ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, el
ex conseller de Turismo Celestí Alomar y el
ex alcalde de Maó Borja
Carreras-Moysi.
El PSOE y el PSM
pretendían que el Parlament investigue si
existe una presunta trama urbanística tras
la decisión del Govern de ubicar en Son
Espases el nuevo hospital de referencia de
Baleares. El Govern decidió el pasado mes
de noviembre edificar este centro en Son
Espases, tras rechazar otras tres
alternativas propuestas por Cort: la base
militar General Asensio (el Ministerio de
Defensa se resistía a ceder las
instalaciones), Son Puig Orfila (parte de
los terrenos estaban protegidos) y junto a
la barriada de Son Sardina, en un
emplazamiento que hubiera obligado a
derribar varios chalés.
Tras la
elección de Son Espases, sostienen el PSOE
y el PSM, había una operación especulativa
en torno al monasterio de La Real. El PP
modificó el trazado del Segundo Cinturón de
Palma para que pase junto a este paraje,
enumeró Francina Armengol, e impuso a
través del Plan Territorial de Mallorca
(PTM) un nuevo desarrollo urbanístico,
mediante el traslado de plazas
residenciales eliminadas en
Alcúdia.
El socio de
Cursach
A su vez, recordó
Armengol, el Consell de Mallorca concedió
la declaración de interés general para que
el empresario Tolo Cursach construyera un
geriátrico privado justo al lado, en la
finca de Son Cabrer. Tal como ha publicado
EL MUNDO/El Día de Baleares, el socio de
Cursach en este proyecto es hijo del
técnico municipal de Cort que recomendó en
un informe ubicar el nuevo hospital en Son
Espases.
Un informe, concluyó la
portavoz socialista, firmado el mismo día
en que el president Jaume Matas daba a
conocer la decisión. El Ayuntamiento de
Palma pagó por los terrenos 7 millones de
euros (1.200 millones de pesetas). A razón
de 27 euros por metro cuadrado, un precio
que la oposición considera desmesurado si
se tiene en cuenta que la Conselleria de
Obras Públicas está pagando a 6 euros las
expropiaciones de suelo rústico para
construir autovías.
Si existía algún
tipo de interés urbanístico, sugirió el
diputado autonómico del PP Gaspar Oliver,
ya se ha desactivado: ha declaración de
interés general concedida al geriátrico de
Cursach ha sido anulada y el Ayuntamiento
de Palma ha pedido al Consell, a través de
un pliego de alegaciones al PTI, que dé
marcha atrás a la operación de
esponjamiento que trasladaba al entorno del
Secar de la Real las plazas residenciales
procedentes de Alcúdia.
Si bien es
cierto que la alcaldesa Catalina Cirer aún
no se ha decido a hacer públicos los
informes reservados sobre el caso Son
Espases y otro polémico negocio de
Cursach, la discoteca
MegArena.
«Estamos muy tranquilos
porque hemos actuado correctamente» en Son
Espases, indicó Oliver, «no tenemos ningún
inconveniente en que se investigue, aunque
el lugar en el que se debe debatir esta
cuestión es el Ayuntamiento de Palma, que
ya ha celebrado un pleno monográfico y ha
facilitado toda la información a los
miembros de la oposición».
Tal como
había adelantado el lunes Joan Huguet,
Oliver anunció que su partido apoyaría la
creación de la comisión de investigación si
el PSOE aceptaba una indagación pública
sobre las compras del Pacte con dinero de
la ecotasa, los múltiples escándalos
protagonizados por Margarita Nájera en
Calvià y el pelotazo del ex alcalde
socialista de Maó Borja Carreras en el
caso Estribor.
Gaspar Oliver
se recreó enumerando los escándalos de
Nájera, que a su juicio podrían constituir
varios delitos de prevaricación,
malversación de fondos públicos y tráfico
de influencias. Entre ellos, la compra de
lujosos regalos por un importe global de
120.000 euros con cargo a los presupuestos
municipales, la contratación del informe
Maquiavelo y el pago de facturas a
Estrategia Local por trabajos inexistentes,
la concesión de la licencia para construir
el parque acuático Western Park sobre
terrenos que sólo admitían uso residencial
y el caso Santa Ponça, investigado
por la Fiscalía Anticorrupción.
El
PSOE se negó a aceptar esta enmienda a su
moción, por lo que la propuesta para crear
una comisión de investigación sobre la
compra de Son Espases fue rechazada con los
votos del PP y Unió Mallorquina.
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