PALMAEFE.- El Ayuntamiento de Palma renuncia, "hoy por hoy", a habilitar un centro de almacenamiento de vehículos de alquiler junto al aeropuerto gestionado por el Consistorio para dar solución a la falta de espacio de las empresas del sector, según anunció el teniente de alcalde de Urbanismo, Rodrigo de Santos.
La falta de acuerdo entre las patronales del sector Aevab y Transcar para la puesta en marcha de este polígono, pues los afiliados a la primera no han mostrado interés por ocuparlo, es el motivo por el que el Ayuntamiento descarta esta propuesta, al menos de momento, ya que supondría beneficiar sólo "a unos pocos".
En la rueda de prensa posterior a la comisión de gobierno y a la Gerencia de Urbanismo, el concejal se refirió de este modo al conflicto que desde hace tiempo enfrenta a las patronales Aevab y Transcar, debido a que empresas de esta última, las más grandes del sector, almacenan ilegalmente sus vehículos en suelo rústico.
De Santos dejó claro que con esta decisión la Corporación no se desvincula del problema, sino que se niega a pagar con el dinero de los ciudadanos una solución a empresas que no cumplen la legalidad, y aseguró que ahora "la pelota está en el tejado" de Transcar, que deberá presentar al Consistorio un proyecto para regularizar la situación de sus afiliadas.
Al respecto, reiteró que la ocupación en suelo rústico no es legalizable en modo alguno.
En su encuentro con los periodistas, De Santos recordó que buscar posibles ubicaciones para estas empresas era un compromiso recogido en una moción aprobada el pasado mes de julio por todos los partidos del Ayuntamiento, que finalmente sólo se podrá cumplir en parte, en lo referente a cerrar las compañías que actúan de manera ilegal.
Cumpliendo con esta premisa, avanzó que el Ayuntamiento ha decretado la prohibición de estacionar en suelo rústico a los alrededor de 15.000 vehículos de alquiler que próximamente llegarán a Palma, como se ha anunciado recientemente, y que para ello ha pedido a la Policía local que impida estos asentamientos.
Sobre estas previsiones, De Santos dijo que se alejan mucho de los 5.000 que en principio había calculado el sector.
Asimismo, hizo hincapié en que hasta el momento el Consistorio ha abierto 36 expedientes relativos a ocupaciones presuntamente ilegales en terrenos rústicos, 18 de los cuales han acabado con decreto de cierre y 8 han sido archivados, mientras que en otros dos casos el cierre está pendiente de resolución judicial.
Hay también cuatro expedientes en trámite y otros tantos con orden de cierre inmediato, añadió De Santos, quien recordó que a todos ellos hay que añadir otros tres documentos abiertos para requerir a las empresas que han ocupado estos terrenos que los dejen como estaban antes, obligación que se extenderá a todos aquellos casos en que el estado original del solar se haya visto alterado.
El concejal, que aseguró que ha informado por carta de estas actuaciones a los presidentes de Aevab y Transcar, aseguró que el Ayuntamiento confía en que al final puede haber acuerdo.
