ESTEBAN
URREIZTIETA
M.A.RUIZ
PALMA.- El
alcalde de Petra, Joan Font Massot,
compareció ayer en el Juzgado de
Instrucción número 1 de Manacor acusado de
un presunto delito de prevaricación en la
compra de una máquina barredora a la
empresa Ferretería Bonany, de la que es
copropietario el marido de la teniente de
alcalde del PSM Caterina Mas Bennàsar. El
juez que instruye el caso ha solicitado a
Font una copia de todo el expediente de la
compra de dicha máquina y ha aceptado la
propuesta de la acusación particular de que
declaren por este caso otros miembros de la
corporación municipal de Petra. Entre
ellos, el secretario, el interventor así
como la del marido de la concejala de
Cultura.
El Juzgado de Manacor
admitió a trámite a principios de marzo la
querella criminal interpuesta por el PP
contra el primer edil de Petra, Joan Font
Massot, al que acusaba de un presunto
delito de prevaricación en la compra de la
mencionada máquina barredora.
Según
la denuncia, la compra debería haberse
realizado mediante concurso para garantizar
la posibilidad de concurrencia entre
diversas empresas, tal como establece la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para los gastos superiores a los
30.050 euros. El Ayuntamiento pagó, en
varios plazos, un total de 45.803 euros
(algo más de 7,6 millones de pesetas) por
este artilugio que utiliza para limpiar las
calles.
A requerimientos del
concejal del PP Joan Font Rosselló, el
equipo de gobierno no ha podido acreditar
la convocatoria de un concurso regulado por
el preceptivo pliego de condiciones. El
único documento que obra en el expediente
es un presupuesto presentado por otra
empresa, Seguridad y Limpieza SA, por un
importe superior en tan sólo 100 euros:
45.943 euros.
Por tanto, no se trata
ni de un contrato menor -pues supera
ampliamente los 12.024 euros- ni el
Ayuntamiento utilizó el procedimiento
negociado para efectuar la compra, pues
exige contar al menos con tres ofertas
económicas distintas.
La
acusación del PP
El PP ha pedido
también la comparencencia ante el juez del
concejal de Medio Ambiente de Petra, y
sostiene en la querella que el alcalde,
«con el fin de favorecer a la empresa del
marido de la concejal, dictó una resolución
con inobservancia de las más elementales
normas presupuestarias y de procedimiento,
con conciencia y voluntad del acto y de su
injusticia, por lo que comete presuntamente
a juicio de esta parte un delito de
prevaricación». El alcalde nacionalista,
añade la querella, no puede alegar en su
defensa «ignorancia de que su resolución
era absoluta y radicalmente ilegal, pues
fue expresamente advertido por el
interventor de que estaba vulnerando todos
los preceptos legales respecto al
procedimiento que debería haberse seguido
según la legislación en materia de
contratos».
Así lo hizo constar el
funcionario público en el decreto de
Alcaldía dictado por Joan Font el 30 de
diciembre de 2002, en el que autorizaba un
pago de 23.075 a la Ferretería Bonany, que
no era sino el primer plazo por la compra
de la máquina barredora. No fue hasta un
pleno municipal posterior cuando el primer
edil dio cuenta a la oposición de que había
dado luz verde a la operación
económica.
Cabe recordar que el PP ya
se querelló contra la concejala del PSM de
Petra, Catalina Mas, a la que acusó de
prevaricación después de que votara en el
Pleno del 11 de abril de 2002 a favor de la
recalificación urbanística de una parcela
que su marido acababa de comprar cerca de
la antigua vía del tren (donde finalmente
se levantará un paseo peatonal). No
obstante, pese a reconocer que la edil
cometió una «ilegalidad» pero «no de tipo
penal», el Juzgado nº2 de Manacor archivó
la denuncia del PP. En el caso de la
máquina barredora, sin embargo, el proceso
continúa.
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