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  Miércoles, 31 de marzo de 2004 Actualizado a las 01:05
 

Cort no aplicará hasta 2007 la sentencia que obliga a cobrar por minutos en los parkings

El concejal Alvaro Gijón asegura que el fallo judicial aún no es definitivo y «no afecta a Palma» - A los concesionarios esta decisión les supondría un bajón de ingresos de alrededor de un 40%


INDALECIO RIBELLES

PALMA.- El Ayuntamiento de Palma hará oídos sordos a la reciente sentencia judicial que declaraba ilegal el cobro por hora o fracción en los aparcamientos y se instaba a realizarlo por minuto. Así lo confirmó ayer a este periódico el regidor de Tráfico y presidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMAP), Alvaro Gijón, que no obstante indicaba que las intenciones de Cort ya adelantada por este diario meses atrás era la implantación de la tarifa por minuto de utilización dentro de tres años.

La sentencia dada a conocer el pasado viernes fue emitida por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que estimaba una demanda del Ministerio de Sanidad y Consumo en la que se condena a los aparcamientos públicos a eliminar el sistema vigente de cobro que en Palma es de un mínimo de 15 minutos.

La decisión judicial establece que contra esta sentencia cabe recurso de apelación que deberá presentarse en el plazo de cinco días desde su notificación y que los empresarios han anunciado que sí presentarán.

Si no lo hicieran o si finalmente un tribunal superior decidiera que la sentencia fuera firme, la cláusula en cuestión pasaría al registro del Ministerio de Justicia y estaría prohibida en todo el territorio nacional, algo que desde Cort ya se descarta de antemano. De hecho para Alvaro Gijón, «esta sentencia no sienta jurisprudencia ya que es la primera que se produce en este sentido», por lo que adelanta que, «lo más lógico es que este dictamen acabe en el Tribunal Supremo y es algo que llevará tiempo porque va a traer cola», dice de forma bastante elocuente.

A la hora de razonar su negativa a aplicar inmediatamente el contenido de esta sentencia en las tarifas de los parkings municipales, Gijón especifica que, en primer lugar, este fallo «no es contra el Ayuntamiento de Palma; es recurrible y con toda seguridad lo será y, además, nosotros ya trabajamos con el objetivo puesto en la reducción progresiva de la estructura tarifaria, reduciendo fracciones de los 15 minutos actuales a diez el siguiente y un minuto dentro de tres años».

El fallo será recurrido

El presidente de la SMAP además agrega que «los concesionarios no se van a quedar con las manos cruzadas y lo que no escapa a nadie es que lo que pierdan por un lado lo van a tener que ganar por otro», añadió. Para Gijón la sentencia «es más que discutible» en los casos de sociedades que llevan más de 20 explotando un aparcamiento y que cuando comenzaron a gestionarlo no contaban con recursos técnicos con los que afrontar este sistema de pago.

«Ahora sí que lo hay, pero de todas formas el pago por minuto pese a las ventajas técnicas que ahora tenemos no es nada de fácil», dice. El motivo es que habría que tener una cantidad ingente de monedas de un céntimo, por ejemplo, para dar el cambio de manera correcta, apuntaba ayer el presidente del SMAP.

Por todo ello para Gijón el asunto «es muy complicado» y sobre todo habrá que ver quién es el que paga la diferencia económica entre los ingresos que la empresa concesionaria tenía previsto conseguir mediante el sistema actual y las pérdidas que la nueva modalidad le va a reportar. Hay que tener en cuenta que los concesionarios que gestionan un aparcamiento han accedido al mismo después de ganar un concurso de explotación en el que se especificaba, como es lógico, las modalidades de pago a las que iba a hacer frente el usuario.

Si se cambian estas condiciones, como en natural, las empresas tendrán un quebranto económico que habrá que solucionar.

Ayer desde la patronal del pequeño comercio, Afedeco hizo público un comunicado en el que muestran su conformidad con el contenido de la sentencia a la vez que señalaban que se debería de trasladar a los parkings privados y que los ciudadanos paguen por el servicio prestado.

 
   
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