JAVIER GALÁN
MAÓ.- La
Asociación de Empresarios menorquines
dedicados a las viviendas vacacionales
(Viturme) ha puesto de manifiesto su
«descontento» y «preocupación» ante la
gestión que en esta materia está llevando a
cabo el Consell. La «extremada duración» en
la tramitación de los expedientes está
colmando el vaso de su paciencia y el
desánimo se abre paso.
La patronal
denuncia que muchos de ellos llevan ya seis
años esperando contar con la autorización
turística y tampoco han obtenido ninguna
garantía para conseguirla.
Así al
menos lo ve el presidente de Viturme, Ginés
Noguera, que ayer manifestó a EL MUNDO/El
Día de Baleares su «malestar por cómo se
están haciendo las cosas». «En asuntos como
el Plan Territorial o las estaciones
náuticas», precisó, «no han tardado nada en
hacerlo, pero en lo que respecta a las
viviendas vacacionales llevamos décadas sin
dar una salida cuando lo deberían tener ya
arreglado, que es su trabajo».
Las
cifras hablan por sí solas. Según informó
el equipo de gobierno en una respuesta a la
oposición, desde el año 2000 el Consell
sólo ha concedido tres autorizaciones
definitivas para la apertura de viviendas
turísticas vacacionales. Éstas se otorgaron
el 20 de noviembre de 2000, 2 de octubre de
2003 y 27 de enero de 2004.
Como
quiera que se estiman en alrededor de 800
los expedientes pendientes de resolverse,
el PP salió al paso en clave irónica para
decir que se necesitaría ese mismo número
de años para regularizar la situación de
seguirse con este ritmo.
Encuentro con
Barceló
Viturme, después de
haberse reunido en asamblea, está a la
espera de mantener una reunión con la
presidenta del Consell, Joana Barceló,
quien, según recuerda la asociación, «tiene
la capacidad de conceder autorizaciones
turísticas en el ámbito de Menorca».
Los empresarios de viviendas
vacacionales van más allá al afirmar que
«desde el Consell no se favorece la
legalización de las viviendas», tachando a
la institución de «complicar la tramitación
de los expedientes» y de «poner muchas
trabas» a los empresarios para que puedan
contar con la debida autorización
turística.
Noguera explicó que la Ley
General Turística que rige actualmente
dejó, en su opinión, grandes lagunas. La
más flagrante es la propia definición de
vivienda vacacional, definida como
«vivienda unifamiliar aislada». A su
juicio, no debería ser algo tan simple y
dividirlas por categorías «para que los
clientes tengan más fundamento a la hora de
escoger», matizó. «Sé que ahora mismo hay
un borrador en marcha», agregó, «pero nada
seguro. Mucho ruido y pocas nueces.
Queremos que se pase de una vez de las
palabras a los hechos».
La presidenta
del Consell, Joana Barceló, se ha
manifestado en varias ocasiones a favor de
dar una oportunidad de reconversión a la
oferta turística alegal. En un Pleno de la
institución celebrado el pasado 23 de
febrero, aseguró que todos los expedientes
pendientes se hallan actualmente en fase de
inspección y dejó entrever que la entrega
de licencias de apertura definitiva será
más pronto que tarde.
Facilitar
los trámites
Barceló señaló,
asimismo, que la regulación que permite
legalizar las viviendas turísticas
vacaciones construidas sin tener la previa
«sólo ha sido posible» a partir de la
aprobación de una iniciativa legislativa
«que no contó con el apoyo del PP». La Ley
General Turística aprobada en el último
gobierno de los populares, según
dijo, «lo imposibilitaba
totalmente».
En Menorca se optó por
una modificación de esta Ley recogida en el
P T I, aprobado hace casi ya un año.
Barceló recordó que las inspecciones se
iniciaron tras convocar encuentros de la
comisión de viviendas turísticas, un
organismo en el que se establecieron «de
mutuo acuerdo» los criterios a seguir para
la tramitación de estos expedientes.
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