MARINA MARTÍ
PALMA.- Los
ciudadanos de Baleares presentaron durante
2003 un total de 4.236 reclamaciones y
denuncias, lo que supuso un incremento del
63% respecto al año anterior. Más de la
mitad de las reclamaciones efectuadas
fueron presentadas en la oficina de la
Dirección General de Consumo, según informó
ayer la consellera de Sanidad, Aina
Castillo, en la presentación de la Memoria
de 2003.
En cuanto a la inspección y
control del mercado, se contabilizaron
2.188 actos de inspección, lo que
representa un aumento del 17% con respecto
al año anterior. Asimismo, las nuevas
tecnologías de comunicación han permitido
la consolidación de Internet como lugar de
consulta, ya que el año pasado recibió
19.616 visitas.
La jefa del Servicio
General de Consumo, Pilar Cabotà,
acompañada de la directora general del
ramo, Manuela Meseguer, y de la consellera
de Salud y Consumo, Aina Castillo, comentó
ayer la importancia del teléfono de
atención gratuita de Consumo que fue
utilizado 5.853 veces el año pasado para
realizar consultas. A su vez destacó los
sectores más reclamados, entre ellos los
suministradores de televisión, telefonía e
Internet, el alquiler de coches y la
promoción de viviendas.
Por otra
parte, Pilar Cabotà informó de la necesidad
de impulsar el arbitraje como medio de
resolución de los conflictos del consumo,
ya que en el 2003 se contabilizaron 456
solicitudes de arbitraje, lo que representa
una disminución del 3% respecto a
2002.
Más
sanciones
Paralelamente, la
actuación sancionadora muestra un
incremento del 26% ante el año anterior
iniciándose 493 expedientes sancionadores,
mientras que fueron resueltos 322
expedientes, lo que representa un
incremento del 35% con respecto al
ejercicio de 2002. Asimismo la cantidad
total de sanciones en 2003 se eleva a
1.062.228,05 euros, 648.826 euros más que
doce meses antes.
Castillo indicó que
la Red de Alerta Nacional de Productos
Peligrosos recibió 290 notificaciones en
toda España, de las cuales 25 se originaron
en Baleares, cifra que situó a las Islas en
el segundo lugar de todas las Comunidades
Autónomas con más iniciativa a la hora de
notificar productos peligrosos.
La
consellera indicó que una de las
prioridades para 2004 será incrementar el
número de empresas adheridas al sistema
arbitral, que a en 2003 alcanzaron la cifra
de 816.
