GUADALUPE REVUELTA
EIVISSA.- Rara
es la vez que los plenos que celebra el
Ayuntamiento de Vila no acaban
convirtiéndose en un espectáculo
bochornoso, bien por los insultos que se
cruzan los miembros del equipo de Gobierno
y de la oposición bien por su indiferencia
ante las cuestiones de interés ciudadano
que se debaten, como en el de ayer. Un
Pleno en el que se aceptó la dimisión del
concejal del PP José Luís de la Osa, que
será sustituido en su cargo en Imvisa por
Jaime Díez de Entresoto, y se criticó con
fuerza las medidas adoptadas por el
Ayuntamiento para la recuperación de Sa
Penya.
Virtudes Marí, concejal del
PP, manifestó su preocupación «por el
estado de degradación creciente» del barrio
y volvió a insistir en la conveniencia de
crear una comisión mixta para encontrar una
solución efectiva, que en su opinión pasa
por complementar los proyectos urbanísticos
de recuperación previstos con otras
medidas. «Hay que acabar con una situación
que a vosotros no os preocupa pero que el
PP le preocupa mucho», afirmó
tajante.
«El PSOE también se preocupa
por el barrio, por estamos trabajando por
su mejora desde el punto de vista
urbanístico, social y de la seguridad»,
aseguró Vicent Torres, concejal de
Urbanismo, «pero el problema de Sa Penya,
que es el del tráfico y consumo de drogas,
no es sólo un problema nuestro sino de toda
la sociedad, y de la Policía Nacional
depende en buena medida su solución»,
añadió.
Torres cuestionó la gestión
de la Dirección Insular del Estado en las
Pitiüses para acabar con la marginación y
la delincuencia del barrio. «Según
Sánchez-Jáuregui todo son incrementos de
efectivos, ¿pero cuáles son las actuaciones
que realizan aún sabiendo quiénes son los
que venden las drogas?», preguntó a la
oposición.
La liquidación de los
Presupuestos Municipales de 2003 fue otro
de los asuntos que suscitó más
enfrentamiento entre PP y PSOE. El popular
Jaime Díaz de Entresoto, además de su falta
de seriedad, criticó su incumplimiento. «De
los 47 millones que manejó se ejecutaron
tan sólo 35, lo que supone un 73 por ciento
del total, y se comprometieron 5, lo que
significa un retraso y un olvido de 7
millones de euros», explicó. El concejal,
que calificó de desmesurado el incremento
presupuestario en 17 millones de euros, más
de la mitad respecto a 2002, dijo que «esta
forma de hacer un presupuesto es errática,
es como si se hiciera un borrador y se
fueran tachando cosas».
La concejal
socialista de Economía, Cristina Ferrer,
aseguró que tan sólo se han dejado de
invertir 2 millones de euros y no 7 y que
«unos presupuestos son cálculos estimativos
prudentes en cuya liquidación hay que
valorar por un lado el capítulo de ingresos
y por otro el de inversiones».
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