INDALECIO RIBELLES
PALMA.- Después
de una amplia tormenta política, social y
judicial, el denominado decreto
Rodríguez del Govern balear que exime
del conocimiento del catalán a todos los
funcionarios de carrera o personal laboral
fijo mayor de 50 años, sólo afecta a 20
personas.
Este es el número de
funcionarios mayores de 50 años que han
quedado fuera del concurso de traslado
convocado por la Conselleria de Interior el
pasado mes de diciembre al no reunir los
conocimientos de catalán exigidos para el
acceso a las diferentes plazas ofertadas
desde la Administración autonómica. La
lista de adjudicaciones saldrá hoy
publicada y posteriormente esta institución
llevará a cabo la oferta pública de
ocupación para el 2004.
Aprobado por
Consell de Govern definitivamente el pasado
6 de septiembre, el denominado decreto
Rodríguez rebajaba la exigencia de
conocimientos del catalán a la hora de
ocupar puestos de trabajo en la esta
Administración, pasando a ser el
conocimiento de este idioma sólo como
mérito y no como requisito imprescindible
para poder acceder a los exámenes de
carrera funcionarial. El decreto que es una
de las piezas clave de la nueva política
lingüística del PP en el Govern balear en
apoyo del bilingüismo y de la igualdad de
oportunidades, generó un amplio rechazo
desde todo el arco político parlamentario,
además de los colectivos sindicales y las
plataformas sociales vinculadas al
nacionalismo catalán.
Recordemos que
pese a la mínima incidencia que después de
todo ha tenido sobre el cuerpo de
funcionarios, en la actualidad, está en
suspenso tras la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares (TSJB) del
pasado mes de febrero que anulaba la
disposición adicional del nuevo decreto,
por la que los funcionarios mayores de 50
años quedaban eximidos de la obligación de
conocer el catalán hasta 2008.
La
resolución dictada por la Sala de lo
Contencioso sostenía que esta medida
constituye una «discriminación intolerable
e injustificada» para los empleados de la
Administración autonómica en función de su
edad. Por tanto, consideraba que se
vulneraba el artículo 23.2 de la
Constitución que garantiza el derecho a
acceder a la función pública en condiciones
de igualdad.
El Govern balear ha
recurrido este decreto, pero aún no ha
obtenido respuesta judicial alguna que
permitiese a los 20 funcionarios afectados
que han quedado fuera del concurso de
traslados poder presentarse a las nuevos
exámenes de promoción interna convocados
desde Interior.
En caso de haber
estado en vigor este reglamento para el
ingreso en los cuerpos de funcionarios, se
exigirían las titulaciones de certificado A
o B, los que acreditan un dominio mínimo
del idioma, expedidos por la Junta
Evaluadora o por el Ibap en función del
puesto de trabajo. Hasta ahora, para las
plazas de técnico superior y licenciados
universitarios se requería un conocimiento
medio del idioma, el llamado nivel C. Con
el nuevo planteamiento, y en caso de nuevo
fallo judicial en favor del Govern, este
título se tendrá en cuenta sólo como
mérito.
Los aspirantes que no puedan
acreditar el nuevo nivel de exigencia
podrán participar en una prueba específica
para acreditarlo, el resultado de la cual
se calificará de «apto» o «no apto».
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