Reconozco que me pongo, si se me permite
la expresión, «intelectualmente nervioso»
cada vez que oigo a Sampol decir que
los baleares «pagamos» cada uno no se
cuantos cientos de miles de pesetas al
Estado que no nos devuelve casi nada o a
Antich hablar de «expolio fiscal» y
a todos los nacionalistas sin excepción
aspirar a un «régimen de concierto» que es
una forma nada sibilina de alterar la
estructura del Estado, negar al Gobierno de
la Nación su insustituible rol como garante
de la equidad interterritorial y propugnar
una grosera insolidaridad que resulta
sorprendente, por ejemplo, en un PSOE que
es socialista, obrero y español, amén de
gerenciar y tener sus mayores bolsas de
votos en las autonomías más pobres, que
menos recaudan y que más gastan.
De
entrada me molesta sobremanera que «mis»
impuestos, los impuestos que yo pago, se
los apropien unos políticos que, en una
pirueta metodológicamente inadmisible, los
extrapolen a un conjunto y de ahí deduzcan
sus reclamaciones. Baleares, o Cataluña o
La Rioja, como tales, no «pagan» nada,
pagamos los contribuyentes individuales.
Tampoco es cierto que «cada balear» paga
estos equis de cientos de miles de pesetas
que Sampol, en una simplificación atávica
de sus tiempos de verdugo recaudatorio,
dice que paga: fulano paga millones,
mengano ciento y zutano nada. Si
aplicáramos este criterio a la relación
fiscal del do ut des, el que paga
millones debería recibir más que el que
paga cientos o del que no paga nada.
¿Redistribución? De acuerdo, pero si los
impuestos de más que yo pago, Sampol los
redistribuye aquí no veo por qué razón no
debe redistribuirlos en el conjunto de
España. Y llevando al extremo el do ut
des de una relación que es individual y
no colectiva, prefiero que mis impuestos de
más se redistribuyan en el Pozo del Tío
Raimundo y no entre Sampol y sus
conmilitones.
Pero lo que me pone
«nervioso» es la «seguridad» con que hablan
de una cuestión confusa, discutida,
metodológicamente incierta, de resultados
dispares según como se plantee y que, por
el momento, no consigue poner de acuerdo a
ilustres economistas, ni en el método, ni
en los resultados, ni en los balances
fiscales regionales, ni en las imputación
de gastos e ingresos, ni en casi nada.
José V. Sevilla -autor de un
importante libro titulado Las claves de
la financiación autonómica (Crítica
2001) no está de acuerdo con Ezequiel
Uriel, el del conocido y reciente
estudio del BBVA. Y ambos discrepan-
bastante duramente- de López
Casasnovas y Esther Martínez
que, con su estudio sobre la balanza fiscal
de Cataluña, son los «padres espirituales»
de iniciativas autonómicas en este sentido.
Es decir, si los expertos no se ponen de
acuerdo ni en la metodología, ni en los
resultados y, encima, reconocen la
dificultad y complejidad del empeño ¿cómo
es posible que políticos, periodistas y
amateurs que ni siquiera se han
asomado a este interesante debate que tiene
lugar en nuestro país, se atrevan a
proponer con tanta seguridad «soluciones»
infalibles, reputadas justas y resultantes
de un diagnóstico
impecable?
Personalmente, no tengo ni
puedo tener criterio -se me escapa- sobre
las balanzas fiscales autonómicas, pero si
lo tengo para pensar que es irrelevante la
conclusión a la que lleguen los economistas
-si es que llegan a alguna, cosa que dudo-
porque el enfoque debe hacerse desde la
política, y no desde la economía. José V.
Sevilla en un interesante debate sobre la
cuestión que se ha publicado en los dos
últimos números de la Revista de
Libros, recuerda que sólo hay tres
modelos de financiación en un Estado: el
centralista, el federal y el confederal. En
el modelo centralista, el Estado recauda
todos los impuestos y los distintos entes
territoriales obtienen financiación
mediante transferencias de la Hacienda
central. En el modelo federal -que es el
nuestro- la autonomía financiera en los
ingresos y en los gastos la tienen todos
los niveles de gobierno, ejerciendo el
Estado un papel de nivelación y de equidad
interterritorial que garantiza que todos
los ciudadanos del Estado puedan tener los
mismos servicios, en cantidad y calidad. En
el modelo confederal, son los entes
confederados los únicos que,
individualmente, tienen autonomía en los
ingresos y autonomía en los gastos,
decidiendo lo que el Estado puede gastar y
adecuando a esta decisión soberana el cupo
a transferir al Estado. Imaginemos una
España en la que las autonomías decidieran
lo que cada año van a entregar al Estado.
España no dura ni dos días. No habría ni un
euro para el AVE de Andalucía y si Cataluña
quiere su AVE que se lo pague ella, hasta
la frontera de Aragón y hasta la frontera
de Valencia, claro. Caricaturizo y
simplifico, pero por ahí van los
tiros.
Tenemos un sistema de
financiación federal que, a mi juicio, es
políticamente acertado en lo esencial. No
es ahí donde debemos centrar la discusión,
sino en la función niveladora y de equidad
interterritorial del Estado, la que permite
que un andaluz tenga las prestaciones
sanitarias y de previsión social iguales
que las de un catalán, un vasco o un balear
o que las carreteras y los trenes de León
tengan el mismo nivel que los trenes y
carreteras de Navarra, etc… Nuestro
problema, el de Baleares, no es el de una
balanza fiscal por lo visto indeterminable
y discutible, sino que la nivelación y la
equidad interterritorial por parte del
Estado no se ha cumplido con la misma
intensidad que en el resto del país, ni en
costes de transporte, ni en
infraestructuras viarias, ni en sanidad, ni
en servicios energéticos. Esta es la madre
del cordero. Y cuando, por primera vez,
esta injusticia y este déficit históricos
se están paliando, cooperamos
irresponsablemente a desalojar del Gobierno
a quienes llevaban camino de paliar
injusticia y déficit. Nuestro
pressing no debe ir por la línea
que, con frivolidad, apuntan UM, el PSM o
el PSIB de un Antich que no está claro lo
que piensa si es que piensa algo, sino por
objetivar esta función de nivelación y de
equidad estatales. El Régimen Especial de
Baleares podría ser el instrumento para
recuperar atrasos históricos, pero la
solución definitiva, la que nos pondría al
abrigo de arbitrariedades partidistas, es
esta objetivación en la que, por lo visto,
nadie piensa.
