JUAN RIERA ROCA
PALMA.- La
política lingüística en el mundo docente,
que durante años (y especialmente en los
últimos) ha discriminado el castellano en
beneficio del catalán en Baleares ha
llevado a un grupo de padres y madres a
decir basta, unirse y formar una entidad
crítica, que se ha denominado Asociación
Ciudadana por la Educación.
Su fin
último es acabar con la discriminación de
los niños castellano parlamentes en la
escuela balear. Para conseguirlo se han
planteado un objetivo: llevar al Parlament
una iniciativa legislativa popular para que
se derogue o modifique el Decreto de
Mínimos que obliga a un 50% de la enseñanza
en catalán.
Esta asociación, que por
el momento no tiene portavoces oficiales,
iniciará en breve el desarrollo de una
serie de iniciativas para conseguir tanto
la libre elección de centro -un deseo que
el PP introdujo en su programa electoral en
las últimas elecciones autonómicas y que el
Govern espera culminar esta legislatura- y
la libre elección de lengua
escolar.
La Asociación Ciudadana por
la Educación se plantea ahora la estrategia
para recoger «muchas más de las 10.000
firmas necesarias para obligar al Parlament
balear a que legisle a instancia de una
iniciativa popular». De hecho, si el PP
parece dispuesto a satisfacer una de sus
reivindicaciones, no es tan partidario de
la segunda.
De hecho, fue durante el
último Govern del PP (1996-1999) cuando se
aprobó el llamado Decreto de Mínimos, que
obliga a que al menos el 50% de la
enseñanza sea en catalán. Un sector social
-una buena parte de cuyos integrantes se
encontraba dentro del propio PP- rechazó
ese decreto.
Los críticos señalaban
que un mínimo del 50% en catalán no
garantiza que el otro 50% se haga en
castellano y da pie a que en determinados
centros se realice un 100% de la enseñanza
en lengua catalana. Eso es lo que ha
sucedido en las escuelas que se han acogido
a proyectos de
«inmersión».
Derechos sin
garantizar
Según esta nueva
asociación, la legislación sobre
normalización y uso de la lengua en la
escuela podría no garantizar preceptos
constitucionales, como la igualdad ante la
Ley, el derecho a la libertad, la libertad
de circulación y la de enseñanza, ya que
los niños no tienen los mismos derechos en
todos los puntos de España.
Los
integrantes de esta asociación no critican
que esas posibilidades -estudiar el 50 o el
100% en catalán- existan sino que se les
imponga a todos los niños y que incluso,
con frecuencia, se impongan no solo mínimos
legales que marca el Decreto, sino los
máximos que hace posible en un sentido,
pero no en otro.
La crítica de la
Asociación Ciudadana por la Educación
incide en el hecho de que en el caso de los
centros donde no se imparte toda la
enseñanza en catalán, se elijan para el 50%
en esa lengua las asignaturas
instrumentales y más complejas, como las
matemáticas, lo que dificulta luego su
aplicación en otros
ámbitos.
Denuncian también la
falsedad de la representatividad de los
padres en los órganos de decisión de los
centros docentes, donde con demasiada
frecuencia -sostienen desde la Asociación
Ciudadana- las decisiones en los consejos
escolares las toman pequeños grupos (que se
basan en el absentismo de muchos padres)
integrados por los portadores de la
ideología oficial.
