R. DIEZ YAGÜE
PALMA.- 21.000
firmas como 21.000 gritos de tinta contra
la autovía Inca-Manacor. La Plataforma
Autovía No presentó ayer en la Conselleria
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
del Govern balear un pliego con más de
20.000 firmas contra este proyecto del
Ejecutivo autonómico incluido en el Plan
Insular de Carreteras.
Las firmas
fueron recogidas por la Plataforma entre
octubre y enero en poblaciones repartidas
por toda isla. El portavoz del frente
antiautovía, Miquel Gelabert,
solicitó al Govern que retire el proyecto
de trazado y el estudio de impacto
ambiental de esta autovía, cuyo plazo de
presentación de alegaciones finaliza
ayer.
Al hilo de esto, la Dirección
General de Obras Públicas y el Ayuntamiento
de Sineu comunicaron ayer que han recibido
115 alegaciones contra el proyecto de
autovía, aunque más adelante deberán
sumarse las presentadas directamente ante
los consistorios de los otros municipios
afectados por el trazado.
Sin
embargo, la Conselleria de Obras Públicas
considera «positivo» que esta autovía
«sólo» haya recibido el citado número de
recursos. El departamento que dirige Mabel
Cabrer afirma que siempre ha sostenido que
«la autovía Inca-Manacor es la solución más
sostenible desde el punto de vista
medioambiental, ya que no afecta a ningún
espacio protegido». Por eso recuerda que la
construcción de un viaducto y de un puente,
incluidos ya en el proyecto, «respaldan
esta
afirmación».
Análisis
En
cualquier caso, la Conselleria resalta que
analizará «cada una de ellas para dar una
respuesta a los particulares y adaptar el
proyecto si éste lo permite». Esto no lo
ven tan claro los antiautovía. Así,
su portavoz afirmó ayer que los habitantes
de las poblaciones afectadas por esta obra
«no quieren la autovía», pero que «falta»
que «salgan a la calle para decir lo que
piensan».
Gelabert destacó que el
resultado de las elecciones generales puede
influir en la ejecución de este proyecto,
porque parte de la financiación del plan de
carreteras proviene del Ejecutivo
central.
Gelabert acusó a la
Delegación del Gobierno de actuar de forma
parcial al sancionar con 3.000 euros a 13
personas que protestaron contra el plan de
carreteras el pasado año en el Ayuntamiento
de Costitx y multar con 300 euros a un
manifestante, a pesar de que «las
actuaciones fueron las mismas»,
indicó.
Los 13 expedientes
sancionados con 3.000 euros fueron
tramitados por el GOB, señaló Gelabert,
quien aseguró que los servicios jurídicos
de Unió Mallorquina, cuya presidenta es la
alcaldesa de Costitx, asesoraron al
manifestante multado con 300
euros.
Denunció que la Delegación del
Gobierno aún no ha notificado la propuesta
de resolución a los afectados, que
dispondrán de 15 días para presentar
alegaciones y de un plazo de dos meses para
recurrir la sanción ante el Ministerio del
Interior.
Para la Plataforma, la
construcción de la autovía constituirá «un
atentado ecológico», debido a «la cantidad
de kilómetros de terreno que se
destruirán». En su opinión, «la solución no
es la autovía», sino «arreglar la actual
carretera y mejorar y abaratar el
transporte público».
Se trata de
«unas obras innecesarias y perjudiciales»,
mantiene la plataforma, que sostiene que
«la oposición social a este proyecto no ha
dejado de crecer».
