RICARDO FERNANDEZEIVISSA.- Extracto de
orden se servicio: «...hacer especial
hincapié en la prostitución callejera en el
barrio (para lo cual se identificará a los
posibles clientes que soliciten intercambio
sexual a las propias prostitutas en la vía
pública...)».
Este es el supuesto
extracto de una orden se servicio emitida
por un inspector del Cuerpo Nacional de
Policía de Eivissa para luchar contra la
prostitución callejera en el barrio de
Figueretes de Vila. El Comité Provincial de
la Unión Federal de la Policía (UFP),
sindicato mayoritario de este cuerpo en
Baleares, ha denunciado en rueda de prensa
y a través de un comunicado la orden. «¿Por
qué los clientes? En España la prostitución
no es delito y mucho menos el solicitar los
servicios de una prostituta, por lo que
esta orden de identificar de esta forma tan
arbitraria roza la ilegalidad».
El
secretario de organización de UFP en
Baleares, José Evaristo Burdalo, se
trasladó ayer a Eivissa para reunirse con
los representantes de este sindicato y se
preguntó antes los medios «cuál puede ser
el motivo por el que un funcionario o
funcionarios ponen en peligro su carrera
policial con una orden que roza la
ilegalidad, por la cual se oponen frontal y
rotundamente a los mandatos de sus
superiores». Según Burdalo, «esta orden no
ha dado ningún resultado positivo, más bien
al contrario, debe ser un motivo muy fuerte
para mantener con todo en contra un
servicio policial a todas luces
ilógico».
El comisario del Cuerpo
Nacional de Policía, Ángel Marí, reconoció
ayer que esta orden «fue redactada por
error por un inspector en el mes de
septiembre u octubre, colocada en el tablón
de anuncios y retirada personalmente por mí
tres horas después».
Indignado
El
comisario se mostró indignado por la
denuncia del sindicato y destacó que el
«inspector no estaba facultado para
formular esa orden». Por si quedaba alguna
duda recordó que «la prostitución en España
no es delito y tampoco solicitar los
servicios». Marí recordó que no sólo la
retiró por este motivo, sino porque también
figuraba que había que identificar a todas
las personas de aspecto árabe: «Eran
órdenes incorrectas, no se podía tolerar
eso y apenas aguantó unas horas».
Según
la UFP los agentes creían que esa orden no
sólo tenía validez sino que la estaban
incumpliendo. «Todo esto se puso en
conocimiento de la superioridad de la
Jefatura Superior de las Islas Baleares»,
señalaron en un comunicado, «la cual
manifestó su contrariedad ante la situación
expresándoselo en varias ocasiones a los
responsables de esta comisaría, haciendo
casos omisos estos últimos a la
superioridad de retirar el punto fijo del
barrio de Figueretes». El sindicato
denunció también «la conducta autoritaria y
dictatorial de los mandos de la comisaría,
que utilizan a los funcionarios y a los
medios como si fuesen las levas de un señor
feudal».
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