JUAN RIERA ROCA
PALMA.- El Centro
Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de Baleares ha
firmado un convenio con el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) en virtud del
cual los alumnos de la Escuela de Práctica
Jurídica (EPJ) de la UNED podrán efectuar
prácticas en el seno de los
tribunales.
La firma del convenio ha
tenido por protagonistas al director del
centro asociado de la UNED en Baleares,
Miguel Angel Vázquez, y en representación
del CGPJ el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares (TSJB), el
magistrado Angel Reigosa. La Escuela de
Práctica Jurídica de la UNED es única en
Baleares.
La EPJ, creada en el curso
2002-2003, no existía antes en ninguna de
las universidades baleares -presencial o a
distancia- de modo que los licenciados en
Derecho no contaban con una institución
académica que les ofreciera cursos
prácticos preparatorios de las funciones
que luego desempeñarán
profesionalmente.
En este su segundo
año, la EPJ de la UNED balear ha firmado
este convenio, para la realización de
prácticas externas y con el objetivo de
garantizar a los estudiantes una asistencia
tutorizada a actos procesales relacionados
con las actividades propias del ejercicio
de la abogacía (juicios, vistas,
etcétera).
La coordinación y
organización de estas prácticas la lleva a
cabo el magistrado Santiago Oliver,
profesor tutor del centro de la UNED en
Baleares. El CGPJ designará los juzgados y
tribunales donde se realizarán las
prácticas, que, en todo caso, deberán
cubrir la totalidad de los órdenes
jurisdiccionales.
Tuteladas por
los jueces
Las prácticas son
tuteladas por los titulares de los juzgados
y tribunales de acogida. Los tutores
cooperarán en la función docente,
calibrando la formación de los estudiantes
en la evaluación de las mismas. Las
prácticas tendrán una duración mínima de 60
horas, informa el director de la
UNED.
El convenio tiene también la
finalidad la organización conjunta de
seminarios, cursillos, edición de
publicaciones y otras actividades de ámbito
cultural y formativo, dirigidas a cumplir
las finalidades propias de la práctica
jurídica y de la formación de los
estudiantes ya licenciados en las
vertientes de su profesión.
«Sin
duda, esta colaboración entre la judicatura
balear y la UNED en las islas es un hecho
de relevancia que permite que los alumnos
de nuestra escuela adquieran la formación
práctica complementaria necesaria para
afrontar con éxito su incorporación al
mundo profesional de la abogacía», comenta
Vázquez. «No hay que olvidar -añade- que el
Estado español es en el momento presente el
único país de la Unión Europea que permite
el acceso a la abogacía sin otro requisito
que el de haber concluido sus aspirantes
los estudios de la Licenciatura en
Derecho.»
En los demás países, el
aumento de alumnos en esta licenciatura no
ha supuesto prescindir de una formación
profesional específica y obligatoria que
garantice una capacitación práctica
suficiente de los abogados, lo que
constituye un aspecto particular de la
tutela jurídica que el Estado debe
garantizar a los ciudadanos.
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