PALMA EFE.- El grupo parlamentario socialista solicitará al Parlament, en el próximo pleno y mediante una proposición no de ley, que "inste" al Govern a retirar el decreto que exime del conocimiento del catalán a los funcionarios mayores de 50 años de la Administración Autonómica durante los próximos cinco años.
La portavoz del PSIB-PSOE en cuestiones de educación, Aina Calvo, manifestó hoy en rueda de prensa que esta medida es "discriminatoria" y se basa en razones políticas "subjetivas" ya que no está avalada por una diagnosis exhaustiva de la situación lingüística del archipiélago.
El Govern de las Islas Baleares redujo, mediante decreto, el nivel de conocimiento del catalán para trabajar en la Administración pública, y eximió de conocer este idioma a las personas mayores de 50 años que, por razón de edad, podrían tener dificultad para acreditar los niveles de catalán de sus compañeros más jóvenes.
Calvo afirmó que, según indica el marco legal que recoge la Ley de Normalización Lingüística, el Estatuto de Autonomía balear y la Ley del Régimen Jurídico de la Administración balear, se debe fomentar en ésta el uso del catalán como lengua propia para garantizar los derechos lingüísticos de las personas que residen en las islas, de manera que sean atendidos indistintamente en castellano o en catalán.
Además, este marco plantea un "incremento progresivo" del uso del idioma "en la normalidad de la vida cotidiana", mientras que esta exoneración del conocimiento del catalán "retrocede" este aumento del uso de la lengua y disminuye "la dimensión del espacio" en el que se desarrolla.
"No se puede hablar de discriminación" de las personas mayores con respecto de los demás funcionarios, afirmó Calvo, "si no se disponen de datos objetivos".
La portavoz socialista recalcó que la decisión tomada por el Govern se basa en razones "subjetivas", ya que no parten de un estudio de la situación de estas personas, y añadió que por este motivo, el PSOE rechaza la "forma de hacer frente a esta situación" lingüística por parte del ejecutivo balear.
"Si realmente hay un problema entre el funcionariado a la hora de cumplir con el nivel exigido de catalán", explicó, "la alternativa debe de estar en buscar medidas especiales que ayuden a este colectivo a cumplir la normativa vigente".
En ningún caso, especificó, "la alternativa debe ser eliminar la norma" y advirtió de una "serie de consecuencias sociales", que demuestran una "irresponsabilidad" política, ya que el Govern está cuestionando "un marco legal consensuado" por todos los partidos y representado por la Ley de Normalización Lingüística.
"Se está creando un clima de crispación social" que "puede tener consecuencias muy graves" en la garantía del derecho lingüístico de las personas que residen en baleares.
La solución, afirmó, es "analizar la problemática" y buscar las ayudas especiales que permitan al funcionariado acceder al nivel solicitado de catalán.
Para ello, añadió, se pueden "revisar las pruebas existentes" y quizás ampliar y modificar "la oferta formativa" del catalán, aunque aclaró que primero se debe estudiar la situación y tener datos objetivos de la misma.
