JUAN RIERA ROCA
PALMA.-El gerente
del Ib-Salut del Pacte de Progrés, Juli
Fuster, firmó un «cheque en blanco» a la
empresa concesionaria del servicio de
ambulancias, la UTE formada por Lireba y
GSS, comprometiéndose a enjuagar un
eventual desequilibrio económico financiero
y a subir los sueldos reivindicados por sus
trabajadores.
Este «cheque en blanco»
se ha convertido en un talón por 11
millones de euros, casi 2.000 millones de
las antiguas pesetas, tras haberse
realizado una auditoría a la gestión del
servicio y tras alcanzarse en mayo una
serie de acuerdos con los representantes
sindicales para evitar una huelga de
ambulancias antes de las
elecciones.
Estas revelaciones fueron
hechas ayer en la Comisión de Control de
Sanidad del Parlament balear por la
consellera de Salud, Aina Castillo, en
respuesta a preguntas de la diputada del
PSIB-PSOE y ex consellera del mismo
departament, Aina Salom, sobre los cambios
efectuados en el contrato de las
ambulancias.
Castillo llegó incluso a
poner en tela de juicio la legalidad del
documento de Fuster, alegando que éste no
había pasado por el Consell Consultiu ni
por el Departamento de Inspección, tal como
es preceptivo en estos casos y que ahora
dudaba que se pudiera pagar lo acordado,
dado que excede en un 20% de lo
previsto.
Castillo recordó a los
presentes que la ley de contratos
administrativos impide ampliar una partida
asignada a un concierto si esa ampliación
excede del 20% de lo inicialmente previsto.
La consellera informó que se tomará la
decisión de acuerdo a los informes que
emita finalmente el Consell Consultiu al
respecto.
Reproches de
Salom
Aina Salom intentó ayer
reprochar a la consellera del PP que
hubiera aumentado en 2 millones de euros de
la dotación del concierto de ambulancias de
Mallorca a la antes mencionada UTE, a
cambio de la puesta en servicio de cinco
nuevos vehículos que, a juicio de la ex
consellera, ya estaban en servicio y
pagados.
Este extremo es incierto,
aseguró Castillo, dado que esas cinco
ambulancias, cuya activación se presentó
recientemente, no estaban en servicio, sino
como reserva. El debate giró con más o
menos acritud en torno a la relación de la
consellera Castillo con el ex gerente de la
UTE, Luis Castillo, su hermano.
A
Aina Castillo le costó poco desacreditar
esta acusación recordando como Luis
Castillo dimitió «por ética» como gerente
de la UTE cuando supo que ella, su hermana,
había sido nombrada consellera; y cómo fue
Salom quien firmó el concierto con esas
empresas, siendo consellera y estando
Castillo en la oposición.
Castillo
insistió en que en estos momentos no se ha
hecho aún ninguna modificación del
concierto, hasta que, ante la insistencia
de la diputada socialista, admitió que se
estaban tramitando dos: una, la ya conocida
y publicitada ampliación en cinco
ambulancias, con un aumento de la
asignación de dos millones de
euros.
La otra, derivada «de aquellos
compromisos que ustedes asumieron cuando
estaban en el Govern y que hemos sometido
al Consell Consultiu». Castillo tachó de
«escandalosos» esos acuerdos, a lo que
Salom respondió que «yo no he pagado ni un
duro más», lo que dio pie a Castillo a
explicar todo el proceso.
Los
acuerdos datan del pasado mes de abril,
cuando desde la UTE concesionaria del
servicio de ambulancias en Mallorca,
concierto dotado con 35 millones de euros
anuales, se envió a Juli Fuster, director
gerente del Ib-Salut una carta informando
de que se estaba dando un aumento de la
actividad y un defase económico.
En
aquel momento -según dijo ayer Aina
Castillo en el Parlament- Juli Fuster puso
en marcha una auditoría de gestión en el
servicio de ambulancias y se comprometió
por escrito -asegura la consellera- a poner
el dinero necesario para paliar el desfase
si ese era el resultado de la
investigación. Poco después, CCOO declaró
una huelga de celo solicitando mejoras
salariales. Como la UTE tenía ya de por sí
problemas económicos, solicitó del Govern
el compromiso de que se les ayudaría a
asumir ese sobrecoste. Fue entonces cuando
Fuster obligó a la UTE a aceptar las
peticiones sindicales, llegando a
comprometer al Govern a pagar los aumentos
salariales. Eso supuso -según Castillo
dijo- más de cuatro millones, a los que se
añaden otros seis frutos de la
auditoría.
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