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  Martes, 21 de enero de 2003 Actualizado a las 01:43
 

La alcaldesa de Calvià, compró un piso a un promotor que se libró de ceder 27.000 m2 al Ayuntamiento

El constructor se ahorró 27.000 metros cuadrados que debía ceder al Ayuntamiento de Calvià - Con la alcaldesa compraron pisos colindantes su jefe de gabinete y el que fuera director de relaciones institucionales

  A D E M A S
 Manchado: «Es difícil perder lo que nunca se ha tenido»
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 EL MUNDO OPINA / ¡Que casualidad, no!
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DIEGO FELIU

PALMA.– Margarita Nájera Aranzabal, alcaldesa de Calvià; Pedro Pablo Bautista, jefe de su Gabinete, y Sebastián Lora, en la época de los hechos director de relaciones institucionales, formalizaron, entre el 25 de julio de 2001 y el 24 de diciembre de ese año, sendas escrituras de compraventa de unas viviendas de la urbanización Ses Planes - Son Caliu cuyo promotor se benefició de la negativa municipal a recurrir ante el Supremo una sentencia contraria a los intereses de Calvià y que a aquel le permitió «ahorrarse» la cesión de 27.000 metros cuadrados.

La compra de los pisos comenzó a materializarse 16 meses después de que la Audiencia confirmara el archivo que, un año antes, decretó el titular del Juzgado de Instrucción que tramitó la denuncia formulada por el entonces concejal de Esquerra Alternativa, Anselmo Martín, y que estaba relacionada con la citada urbanización.

La denuncia fue presentada por Martín en abril de 1999 contra la Comisión de Gobierno de Calvià por unos hechos que se suscitaron con posterioridad a la aprobación del proyecto de compensación de la urbanización Ses Planes - Son Caliu presentado por el promotor José Roses Rovira (Nova Hielo Mallorca, S.A.). Roses manifestó a este periódico que él no concluyó la urbanización, que se la vendió inacabada al promotor Martín Gual.

La sociedad que consta en la escritura como vendedora de los inmuebles a Nájera, Bautista y Lora es la entidad Solfort Residencial cuyo administrador único es Sege-Alomar, una sociedad controlada por Rafael Alomar Company.

El Pleno del Ayuntamiento de 3 de marzo de 1995 aprobó dicho proyecto y aceptó los terrenos de cesión obligatoria y gratuita que figuraban en el mismo. De hecho se estipuló que las parcelas correspondientes a la cesión del 15% de aprovechamiento lucrativo municipal no podrían ser enajenadas, cedidas o donadas por el Ayuntamiento.

Sin embargo, el teniente de Alcalde Manuel Suárez explicó en el citado pleno que el promotor sólo se comprometía a ceder el 10%, y no el 15%, en base a que la aprobación del plan parcial de Ses Planes fue en 1974 cuando estaba en vigor la antigua ley que establecía el primer porcentaje.

Una cesión a aplicar

A pesar de ello, el equipo de gobierno era de la opinión de que debía aplicarse el 15% de cesión de suelo porque el proyecto de compensación se presentó en noviembre de 1994 cuando ya estaba en vigor la nueva ley.

El promotor anunció recurso contencioso-administrativo contra el citado 15% a pesar de haber firmado un convenio que establecía dicho porcentaje y que le posibilitaba solicitar licencia de obras.

La cesión de ese suelo era considerada por Anselmo Martín de «vital importancia» para el municipio ya que suponía la transmisión a su favor de unos 21.500 metros cuadrados. Y siendo el valor medio del metro cuadrado en aquel momento de 20.000 pesetas, la trascendencia económica del asunto se cuantificaba en 430 millones de pesetas que pasaban a formar parte del patrimonio municipal.

Suelo urbano

En febrero de 1998 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia vio el recurso de Roses contra el referido acuerdo del Ayuntamiento de Calvià por el que se exigía la cesión del 15%.

Los magistrados dieron la razón al promotor al entender que el suelo había sido declarado urbano (por la misma sala en 1986 y confirmado por sentencia del Supremo de octubre de 1990) y que, por tanto, no era obligatoria la cesión del 15%, ni incluso la del 10%, de aprovechamiento medio. El motivo: que se había de respetar el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización (de 1974) y en ellos no se hablaba de cesión.

Dentro del plazo legalmente establecido, el letrado municipal anunció la interposición de un recurso de casación ante el Supremo, órgano que lo declaró desierto el 3 de febrero de 1999 al transcurrir el plazo para su presentación sin que dicho recurso se formalizara.

Al parecer, la decisión de no interponer el recurso fue tomada por la Alcaldía que ordenó al letrado desistir de la acción legal emprendida.

Hoy Nájera declara ante la juez en relación a la contratación de la empresa Estrategia Local y el llamado «Documento Maquiavelo».

 
   
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