DIEGO FELIU
PALMA.–
Margarita Nájera Aranzabal, alcaldesa de
Calvià; Pedro Pablo Bautista, jefe de su
Gabinete, y Sebastián Lora, en la época de
los hechos director de relaciones
institucionales, formalizaron, entre el 25
de julio de 2001 y el 24 de diciembre de
ese año, sendas escrituras de compraventa
de unas viviendas de la urbanización Ses
Planes - Son Caliu cuyo promotor se
benefició de la negativa municipal a
recurrir ante el Supremo una sentencia
contraria a los intereses de Calvià y que a
aquel le permitió «ahorrarse» la cesión de
27.000 metros cuadrados.
La compra de
los pisos comenzó a materializarse 16
meses después de que la Audiencia
confirmara el archivo que, un año antes,
decretó el titular del Juzgado de
Instrucción que tramitó la denuncia
formulada por el entonces concejal de
Esquerra Alternativa, Anselmo Martín, y que
estaba relacionada con la citada
urbanización.
La denuncia fue
presentada por Martín en abril de 1999
contra la Comisión de Gobierno de Calvià
por unos hechos que se suscitaron con
posterioridad a la aprobación del proyecto
de compensación de la urbanización Ses
Planes - Son Caliu presentado por el
promotor José Roses Rovira (Nova Hielo
Mallorca, S.A.). Roses manifestó a este
periódico que él no concluyó la
urbanización, que se la vendió inacabada al
promotor Martín Gual.
La sociedad
que consta en la escritura como vendedora
de los inmuebles a Nájera, Bautista y Lora
es la entidad Solfort Residencial cuyo
administrador único es Sege-Alomar, una
sociedad controlada por Rafael Alomar
Company.
El Pleno del Ayuntamiento de
3 de marzo de 1995 aprobó dicho proyecto y
aceptó los terrenos de cesión obligatoria y
gratuita que figuraban en el mismo. De
hecho se estipuló que las parcelas
correspondientes a la cesión del 15% de
aprovechamiento lucrativo municipal no
podrían ser enajenadas, cedidas o donadas
por el Ayuntamiento.
Sin embargo, el
teniente de Alcalde Manuel Suárez explicó
en el citado pleno que el promotor sólo se
comprometía a ceder el 10%, y no el 15%, en
base a que la aprobación del plan parcial
de Ses Planes fue en 1974 cuando estaba en
vigor la antigua ley que establecía el
primer porcentaje.
Una cesión a
aplicar
A pesar de ello, el
equipo de gobierno era de la opinión de que
debía aplicarse el 15% de cesión de suelo
porque el proyecto de compensación se
presentó en noviembre de 1994 cuando ya
estaba en vigor la nueva ley.
El
promotor anunció recurso
contencioso-administrativo contra el citado
15% a pesar de haber firmado un convenio
que establecía dicho porcentaje y que le
posibilitaba solicitar licencia de
obras.
La cesión de ese suelo era
considerada por Anselmo Martín de «vital
importancia» para el municipio ya que
suponía la transmisión a su favor de unos
21.500 metros cuadrados. Y siendo el valor
medio del metro cuadrado en aquel momento
de 20.000 pesetas, la trascendencia
económica del asunto se cuantificaba en 430
millones de pesetas que pasaban a formar
parte del patrimonio
municipal.
Suelo
urbano
En febrero de 1998 la Sala
de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia vio el
recurso de Roses contra el referido acuerdo
del Ayuntamiento de Calvià por el que se
exigía la cesión del 15%.
Los
magistrados dieron la razón al promotor al
entender que el suelo había sido declarado
urbano (por la misma sala en 1986 y
confirmado por sentencia del Supremo de
octubre de 1990) y que, por tanto, no era
obligatoria la cesión del 15%, ni incluso
la del 10%, de aprovechamiento medio. El
motivo: que se había de respetar el Plan
Parcial y el Proyecto de Urbanización (de
1974) y en ellos no se hablaba de
cesión.
Dentro del plazo legalmente
establecido, el letrado municipal anunció
la interposición de un recurso de casación
ante el Supremo, órgano que lo declaró
desierto el 3 de febrero de 1999 al
transcurrir el plazo para su presentación
sin que dicho recurso se
formalizara.
Al parecer, la decisión
de no interponer el recurso fue tomada por
la Alcaldía que ordenó al letrado desistir
de la acción legal emprendida.
Hoy
Nájera declara ante la juez en relación a
la contratación de la empresa Estrategia
Local y el llamado «Documento
Maquiavelo».