D.E. / M.A.F.
PALMA.- El auto del juez Baltasar Garzón sobre la disolución de Batasuna fue debatido a raíz de la lectura de la ponencia «Relaciones entre los parlamentos autonómicos y el poder judicial» por parte del presidente de la Cámara canaria, José Miguel Bravo de Laguna. El ponente hizo especial hincapié en la distinción entre partidos políticos y grupos parlamentarios y en la conveniencia de que sean las propias Cámaras las que regulen la suspensión de estos grupos cuando existe la ilegalización de una formación política.
En el debate planteó el reciente informe que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, remitió al juez Baltasar Garzón, en el que estima que no hay delito de desobediencia en la negativa de la Mesa del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Vizcaya de aplicar el auto de suspensión de actividades de Batasuna.
Este informe entiende que «la suspensión judicialmente decretada de los partidos políticos HB-EH-Batasuna no implica automáticamente la de los grupos parlamentarios o junteros relacionados, pues esta última exige una decisión propia de cada Cámara» y recuerda que la Ley de Partidos no hace extensible la suspensión de las formaciones políticas a los grupos parlamentarios.
José Miguel Bravo de Laguna declaró en la ponencia de ayer que, a falta de una regulación más amplia en la Constitución sobre la figura del grupo parlamentario, «son los reglamentos de los parlamentos autonómicos los que constituyen el marco normativo de estos», aseguró.
En este sentido declaró que dichos reglamentos regulan el grueso de la institución:cómo se crean los grupos, su papel institucional, las iniciativas parlamentarias que pueden producir su funcionamiento, disolución y las adscripciones o las separaciones de los parlamentarios.
Considera, a su vez, que resulta «innegable» la vinculación política de facto, que existe entre partido-grupo parlamentario, en el sistema político actual.
En este sentido, apuntó desde el sistema electoral (listas cerradas y bloqueadas presentadas por las fuerzas políticas), hasta la conformación de mayorías-minorías, «el respaldo parlamentario al Gobierno y la consiguiente disciplina de voto, ha ido conduciendo a lo que algunos denominan estado de partidos», agregó.
Asimismo, mantuvo que en nuestro sistema los diputados y senadores, los parlamentarios autonómicos, se convierten en «meras correas de transmisión de los partidos» y consideró que los grupos, a través de sus portavoces, se transforman «en los mediatizadores de la voluntad individual del diputado, teórico depositario de la soberanía nacional de la que emanan los poderes del Estado».
Al final de la ponencia, el conferenciante llegó a una serie de conclusiones: «El principio de separación de poderes sigue siendo clave en el sistema democrático, si bien hay que interpretarlo en nuestro sistema político sin una rigidez extrema, lo que permite fisuras o quiebras que la propia ley prevé».
