DELI ESCORIZA
PALMA.- «Está claro que hubo injerencia en el auto de Garzón». Así de contundente se mostró ayer el presidente del Parlament Balear, Maximilià Morales, respecto a la posible invasión de competencias que hizo la resolución del juez en el ámbito del poder legislativo, al decretar la suspensión de la actividad parlamentaria del grupo político Batasuna en las cámaras de Navarra y País Vasco.
La resolución levantó un debate que se encuentra al rojo vivo en los parlamentos autonómicos, máxime cuando existe la posibilidad de que siente precedente. «¿Qué hubiera pasado si el grupo parlamentario vasco hubiera sido mixto?» fue la pregunta que retumbó ayer en los pasillos del Parlament, donde los presidentes de las 17 autonomías celebraron la XII ‘Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos’.
En la reunión, los presidentes de las cámaras autonómicas debatieron los asuntos que les preocupan. Por ello, la separación de poderes, fue el tema estrella. De hecho, el presidente de la cámara canaria, José María Bravo de Laguna, presentó una ponencia bajo el título, ‘Relaciones entre los parlamentos autonómicos y el poder judicial’ en la que establecía la necesidad de diferenciar entre grupo parlamentario y partido político a la hora de aplicar la Ley de Partidos. «La suspensión de la actividad parlamentaria de un grupo político debe determinarla la propia cámara», aseguró Bravo.
Por ello consideró necesario cubrir el «vacío legal» que, a su juicio, existe al respecto en el reglamento de los parlamentos autonómicos «incluyendo una norma que ligue grupo político con ley de partidos, en el terreno de las suspensiones o disoluciones», según se deriva de su ponencia.
Aunque la mayoría de los presidentes parlamentarios fueron cautos a la hora de valorar dicha propuesta, sí hubo posiciones contrapuesta a la hora de opinar sobre el auto de Garzón. Así, mientras el presidente del parlamento Vasco Juan María Atutxa justificó que la mesa de portavoces vasca rechazara en su día el auto de suspensión de la actividad parlamentaria de Batasuna «porque quebrantaba el principio de separación de poderes», el presidente del parlamento navarro, José Luis Castejón, consideró que «en ningún momento dicho auto supuso un quebrantamiento a tal principio por lo que sí fue aprobado en la mesa navarra».
A su juicio, Garzón ilegalizó un partido político y dejó en manos de las cámaras autonómicas la situación de los grupos parlamentarios. «La mesa de portavoces vasca se opuso a dicha resolución y no pasó nada. El juez no se metió en cómo hacer las cosas», agregó. Sin embargo, esa inocuidad legal que en su opinión supone para la cámara vasca el rechazo al auto de Garzón parece medirla con un doble baremo, pues acto seguido aseguró que en Navarra el parlamento «tenía la obligación de hacer caso a los autos judiciales, por eso lo aprobó».
Castejón, en contra de lo defendido por Bravo, afirmó que existe «un articulado suficiente» en la cámara autonómica que regula la posible suspensión de la actividad parlamentaria de un grupo político, cuando uno de los partidos es declarado ilegal. «El reglamento establece que es el presidente de la cámara quien debe hacer una propuesta a la mesa de portavoces y es ésta quien decide sobre la suspensión, por lo que no veo que exista ausencia de regulación», sostuvo. El debate está servido.
