M. FÈLIX / M. FUXÀ
MAÓ.— El alcalde de Maó, Arturo Bagur, reconoció ayer el «error» cometido por el Ayuntamiento el 8 de noviembre de 1994 cuando rechazó la solicitud del arquitecto Manuel Sintes Riutort para optar a la plaza de técnico municipal, a la que tenía derecho tras haber concurrido a un concurso de méritos, y en su lugar daba el visto bueno para la contratación a dedo de José Luis Antón Pacheco.
Sin embargo, el primer edil quiso aclarar que los hechos denunciados por el Partido Popular como un posible delito de prevaricación tan sólo constituyeron una falta administrativa, por tanto sin implicaciones penales, que fue sentenciada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en 1998. Ese fallo se tradujo ya entonces en una indemnización de 8.500 euros a favor de Manuel Sintes Riutort.
«Ocurrió hace ocho años y estaba relacionada con una contratación temporal de sólo tres meses», recordó Bagur, «en todo momento creímos actuar en favor del interés del Ayuntamiento». Para el alcalde, resulta «curioso» ver que tanto tiempo después el PP ha interpuesto una querella criminal «basada en un proceso administrativo que ya había sido resuelto por los tribunales y quedado perfectamente claro».
Según Arturo Bagur, todo este proceso judicial sólo se explica por el interés de los populares en «acabar» con su carrera política. «Soy su enemigo a batir», subrayó, «intentan conseguir en los tribunales lo que no logran en las urnas». Junto al alcalde figuraban como imputados en la querella el vicepresidente del Parlament Balear, Félix Fernández Terrés, entonces teniente de alcalde de Servicios Generales, y su hermano Francisco, que actualmente sigue desempeñando un alto cargo ejecutivo en el Consistorio mahonés.
Por su parte, el secretario general del PSOE en Menorca, Albert Moragues, recibió con satisfacción el auto que archiva la querella por prevaricación contra sus compañeros de partido. El jefe de los socialistas menorquines lamentó que durante los siete meses que se ha prolongado la instrucción «no se ha aclarado nada» y sólo se ha conseguido enturbiar las relaciones políticas entre los dos partidos mayoritarios.
En cuanto al presidente insular del PP, Juan Manuel Lafuente, ayer consideró que el auto demuestra que los hechos denunciados revisten todas las condiciones para ser considerados un delito de prevaricación. Lafuente, que dijo respetar la decisión judicial de archivar la causa, se felicitó porque se ha demostrado la interposición de la querella no fue un paso infundado, en contra de lo afirmado en su día los socialistas.
Respecto a la posibilidad de recurrir el auto, Lafuente remitió a la decisión final que tome el letrado de la acusación particular, ya que la prescripción del delito abre las puertas de un amplio debate jurídico. Sí concluyó, no obstante, que «lo más importante es que el PSOE asuma su responsabilidad política» ante la sucesión de indicios probatorios de este caso.
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