JUAN RIERA ROCAPALMA.— Bajo el lema «Un
impuls al turisme» el PP balear organizó
ayer una jornada de estudio sobre turismo
en la que actuaron como ponentes
representantes políticos y empresariales.
Desde esta tribuna se achacó al Govern de
Progrés la responsabilidad del deterioro de
la imagen turística balear y de la caída
del mercado.
Cerró la sesión el ministro
Jaume Matas quien defendió la tesis de que
«el debate de la ecotasa es político, no
técnico, un efecto mediático de un Govern
que no es capaz de ofrecer alternativas al
modelo turístico y económico». Jaume Matas
acusó al Govern de Progrés de anteponer sus
intereses políticos a los de la población
general y de querer contentar con medidas
como ésta «a los más radicales de sus
integrantes».
Matas criticó especialmente
«la estrategia de demonización de los
empresarios hoteleros» y dijo que «estamos
viviendo un caso único, el de un Govern que
es capaz de echarse piedras sobre su propio
terrado para intentar contentar a cuatro
radicales de su color político por falta de
un modelo propio.» Dijo además que «este
impuesto no lo pagarán los turistas, porque
los hoteleros no tienen medios para
repercutirlo, sino que lo acabará pagando
la actividad económica y eso somos todos
nosotros.»
Joan Flaquer, diputado del PP
y ex conseller de Turisme dijo que el
presidente Antich «aprovecha la mala imagen
del turista y el estereotipo del hotelero
depredador» y que «la ecotasa nace no para
obtener recursos medioambientales, sino
como arma electoral demagógica, sin
importar sus consecuencias
económicas».
Destrucción de
imagen
Flaquer recalcó que «se ha dicho
que sobran turistas, que hay un gravísimo
problema medioambiental, se ha generado un
enfrentamiento con los hoteleros y se ha
engañado a los turoperadores anunciando
aplazamientos (...) es imposible causar más
daño en menos tiempo a la imagen
turística.»
Juan Nigorra, consejero
delegado de la empresa de desarrollo
urbanístico IMISA, recalcó la inseguridad
jurídica que generan las actuaciones
legislativas en materia urbanística del
Govern, «que hacen que los promotores pidan
más y más licencias para asegurar derechos
que ya tenían». Denunció la falacia a su
juicio difundida por el Govern de que en
Baleares hay 30.000 embarcaciones de
recreo: «Esos son datos de matriculación
histórica, en activo solo hay 10.000, más
2.000 de otras regiones y 8.000 del
extranjero y en días de buen tiempo no
salen más del 25%.» Y añadió: «No se ha
demostrado que estas embarcaciones —que
tienen menos de un mes y medio anual de
fondeo— perjudiquen a las posidonias».
Denunció la moratoria de puertos deportivos
del Govern y el proyecto «de recuperar los
puertos privados y entregar la concesión
directamente al usuario, lo que ocasionará
un grave perjuicio económico».
Intervino
también el eurodiputado Carlos Ripoll,
quien entre otras cosas, dijo que «uno de
mis deberes más desagradables en el
Parlamento Europeo es tener que convencer a
los diputados de que en Baleares no hay
xenofobia, que estamos deseando que lleguen
turistas, y eso pese a los discursos que se
oyen desde las islas que me recuerdan a Le
Pen, al austríaco Haider o a los de HB, que
tienen el escaño detrás del mío.