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  Miércoles, 23 de enero de 2002. Actualizado a las 19:49
 

MENORCA
Querella por la contratación del arquitecto municipal de Maó

El Partido Popular de Baleares presentó hoy una querella criminal por presunto delito de prevaricación contra el vicepresidente del Parlament balear, Félix Fernández Terrés; el alcalde de Maó, Arturo Bagur, y el concejal de Urbanismo, Francisco Fernández Terrés, pertenecientes al PSOE.


Maó.- El Partido Popular de Baleares presentó hoy una querella criminal por presunto delito de prevaricación contra el vicepresidente del Parlament balear, Félix Fernández Terrés; el alcalde de Maó, Arturo Bagur, y el concejal de Urbanismo, Francisco Fernández Terrés, pertenecientes al PSOE.

Según informaron fuentes del PP balear, los hechos denunciados se refieren a "la arbitraria contratación temporal de José Luis Antón-Pachecho como arquitecto municipal de Maó en perjuicio de Miguel Sintes Riutord".

En julio de 1994, el entonces teniente de alcalde de Servicios Generales, Félix Fernández, convocó por delegación del alcalde un concurso para la contratación temporal de un arquitecto municipal que debía regirse por las bases aprobadas por el Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo, Francisco Fernández, presidió el órgano de selección que contrató al arquitecto que quedó primero en puntuación (Joan Enric Vilardell Santancana) y en segundo lugar quedó Manuel Sintes.

El 31 de octubre de 1994 dimitió Vilardell y el 7 de noviembre Manuel Sintes solicitó ocupar la plaza, de acuerdo con la base novena que regía el concurso.

El PP expone en la querella que "ante esta solicitud de Manuel Sintes aparece un escrito, curiosamente sin fecha, firmado por Francisco Fernández, que solicitó al departamento de Personal la contratación de José Luis Antón-Pacheco para el mismo día 7 de noviembre, y este mismo día, Félix Fernández notificó a Manuel Sintes la denegación de solicitud para ocupar la plaza que le correspondía".

Después de un largo proceso administrativo, Manuel Sintes presentó contencioso que se cerró en 1998 con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares favorable a la demanda interpuesta contra el ayuntamiento de Mahón.

 
   
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